Un juez federal en California ha ordenado al gobierno de los Estados Unidos detener el uso de lenguaje «blatantemente coercitivo» empleado para persuadir a niños inmigrantes no acompañados a aceptar la autodeportación.
El juez Michael W. Fitzgerald determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violó un mandato judicial de hace 40 años que prohíbe a los agentes de inmigración presionar a los menores no acompañados para que abandonen el país o renuncien a sus solicitudes de asilo. Esta medida busca proteger los derechos al debido proceso de los niños que se encuentran en el país sin la compañía de sus padres o tutores legales.
De acuerdo con los documentos judiciales, el DHS comenzó a informar a los menores detenidos que tenían la opción de regresar a sus países de origen sin enfrentar consecuencias administrativas, sugiriendo además que podrían solicitar una visa en el futuro. Sin embargo, el gobierno también les advertía que, si decidían solicitar una audiencia ante un juez de inmigración o expresaban temor de regresar a su país, podrían ser retenidos en centros de detención por un «período prolongado de tiempo».
Asimismo, se les notificó que aquellos menores que cumplieran 18 años mientras estuvieran bajo custodia serían entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para proceder con su deportación.
En su fallo, el juez Fitzgerald señaló que estas amenazas de detención prolongada reflejan de manera preocupante los testimonios presentados en 1985 por Jose Antonio Perez-Funez. Aquel caso histórico reveló que los menores eran inducidos a renunciar a sus derechos sin ser informados sobre la posibilidad de solicitar fianza o asilo, lo que llevó a la implementación de las protecciones legales vigentes desde 1986.
Además de prohibir el lenguaje coercitivo, el tribunal rechazó una solicitud de los abogados del gobierno que pretendía eliminar estas protecciones legales ya establecidas para los menores no acompañados.
