Una mujer y su hijo de 18 años viven en un hotel en Goldau, SZ, desde que fueron expulsados de su vivienda anterior por intervención policial. Allí llevan 15 años de residencia previa. El Servicio Social del cantón de Zug paga 5500 francos suizos al mes por su estancia en el hotel, pese a que la mujer ha encontrado una alternativa de vivienda más económica: un apartamento de tres habitaciones por 3500 francos mensuales.
Según las directrices de la Conferencia Suiza de Asistencia Social, para un hogar de dos personas se contempla un gasto de alquiler de aproximadamente 1700 francos. Cualquier cantidad que supere ese límite normalmente no estaría justificada desde un punto de vista legal. Sin embargo, el Servicio Social ha rechazado la solicitud de traslado a la vivienda más barata, argumentando que el alquiler solicitado supera lo permitido.
La mujer teme que esta negativa forme parte de un intento por lograr su salida del municipio. Por su parte, la Oficina de Mediación del cantón de Zug indica que los servicios sociales están recurriendo con mayor frecuencia a esta práctica de alojar a personas en situación de necesidad en establecimientos hoteleros, incluso fuera del cantón, haciendo uso de un margen de discrecionalidad en la aplicación de las normas.
