El Gobierno de Indonesia ha reforzado su compromiso con la protección de los trabajadores del hogar mediante la aprobación y puesta en marcha de la Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Según declaraciones de la Ministra de Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, esta norma no solo garantiza derechos fundamentales para los empleados domésticos, sino que también brinda seguridad jurídica a los empleadores.
Durante una conferencia de prensa en la Oficina del Staf Kepresidenan en Yakarta, la ministra explicó que el UU PPRT establece una relación laboral basada en el acuerdo mutuo y elimina términos obsoletos como «majikan» y «pembantu», reemplazándolos por «pekerja rumah tangga» y «pemberi pekerja rumah tangga».
Entre los derechos fundamentales reconocidos por la ley se encuentran el acceso a un salario justo, un horario de trabajo razonable, períodos de descanso o licencia, alimentación adecuada, cobertura de seguridad social, trato humano, protección contra la violencia y el acoso, y garantías legales en caso de conflictos laborales.
La ministra destacó que la norma busca reconocer al trabajo doméstico como una profesión legítima, con deberes y beneficios claramente definidos, alineándose con los principios de igualdad y dignidad en el ámbito laboral.
Además, Arifah Fauzi señaló que el UU PPRT tiene un enfoque preventivo frente al trabajo infantil en el sector doméstico, un problema que, según datos del Kementerian PPPA, afecta actualmente a aproximadamente 143,000 niñas y niños menores de 18 años en Indonesia, representando alrededor del 20,09% del total de trabajadores del hogar en el país.
La ministra también subrayó que la ley forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la economía del cuidado, valorando tareas como el cuidado de niños, personas mayores y personas con discapacidad como contribuciones esenciales al desarrollo nacional.
El respaldo al UU PPRT fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio PPPA, el Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) y otros ministerios clave, incluyendo Ketenagakerjaan, Sekretariat Negara, Dalam Negeri y Hukum, quienes acompañaron el proceso desde su formulación hasta su ratificación.
Con esta norma, el Estado indonesio afirma su presencia activa en la protección de uno de los sectores laborales más vulnerables, asegurando que tanto trabajadores como empleadores cuenten con un marco claro, justo y respetuoso para sus relaciones laborales.
