Las restricciones de datos, aunque diseñadas para proteger la privacidad, pueden tener efectos regresivos en el acceso al crédito digital. Según un análisis publicado por CEPR, los prestatarios más afectados por la limitación o prohibición del uso de registros de llamadas y otros datos alternativos son precisamente aquellos a quienes las plataformas de préstamo digital pretenden servir: personas de bajos ingresos, jóvenes, solicitantes por primera vez y grupos socialmente marginados.
Estos colectivos, que suelen tener historiales crediticios escasos o nulos en los sistemas tradicionales, dependen en gran medida de fuentes de información no convencionales para demostrar su solvencia ante los prestamistas financieros tecnológicos. Cuando se les niega el acceso a esos datos, se les excluye efectivamente del sistema financiero formal, pese a que fueron el objetivo original de inclusión de las fintech.
Por otro lado, las entidades financieras basadas en datos argumentan que la información personal es esencial para evaluar riesgos, fijar precios adecuados y expandir el crédito de manera segura. Las regulaciones que limitan la recopilación de datos, aunque bien intencionadas, pueden reducir la capacidad de estas empresas para operar eficientemente y alcanzar a poblaciones desatendidas.
El dilema planteado por los expertos es claro: proteger la privacidad no debe significar excluir a los más vulnerables del acceso al financiamiento. Se requiere un equilibrio cuidadoso entre salvaguardar los derechos individuales y permitir el uso responsable de datos para promover la inclusión financiera.
