La Corte Suprema de EE.UU. Evalúa un fallo que podría blindar a Bayer de demandas por su herbicida Roundup
El máximo tribunal de Estados Unidos analiza un caso que podría determinar si miles de demandas contra Bayer, fabricante del herbicida Roundup, pueden continuar o quedarán bloqueadas por una ley federal. El litigio, centrado en acusaciones de que el glifosato —principal componente del producto— causa cáncer, enfrenta a la industria agroquímica con grupos de consumidores y activistas ambientales, en un debate con implicaciones millonarias para el sector.
Durante los argumentos orales celebrados este martes, los jueces mostraron divisiones sobre si la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA, por sus siglas en inglés) impide que los estados regulen etiquetas de advertencia de pesticidas, un tema clave para determinar la responsabilidad de Bayer. La empresa, que adquirió Monsanto —creadora de Roundup— en 2018, ha enfrentado más de 100,000 demandas en EE.UU. Por presuntos daños a la salud, con veredictos que en algunos casos superaron los 2,000 millones de dólares en indemnizaciones.
El conflicto legal y sus implicaciones económicas
El caso en cuestión, Hardeman v. Monsanto Co., fue presentado por Edwin Hardeman, un hombre de California que alega que el uso prolongado de Roundup le provocó linfoma no Hodgkin. Su demanda, una de las primeras en llegar a juicio, resultó en una indemnización de 80 millones de dólares en 2019, aunque luego fue reducida a 25 millones. Bayer ha apelado sistemáticamente estos fallos, argumentando que la evidencia científica no respalda un vínculo causal entre el glifosato y el cáncer.
La estrategia legal de la compañía se centra en la FIFRA, que regula la aprobación y etiquetado de pesticidas a nivel federal. Bayer sostiene que, al estar Roundup registrado bajo esta ley, los estados no pueden imponer advertencias adicionales en sus etiquetas, lo que invalidaría las demandas basadas en la falta de información sobre riesgos. «La FIFRA establece un sistema uniforme de regulación federal», argumentó el abogado de la empresa durante la audiencia. «Permitir que los estados impongan sus propias advertencias crearía un mosaico de regulaciones que socavaría la seguridad jurídica para los fabricantes».
Sin embargo, los demandantes y sus abogados rechazan este argumento. Afirman que la FIFRA no prohíbe a los estados regular los daños causados por pesticidas, sino solo las etiquetas de los productos. «Este caso no trata sobre etiquetas, sino sobre si Bayer ocultó deliberadamente los riesgos del glifosato», declaró un representante de los demandantes. La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) ha mantenido que el glifosato no es cancerígeno cuando se usa según las instrucciones, pero en 2015, la Organización Mundial de la Salud clasificó el químico como «probablemente cancerígeno para humanos».
Presión política y activismo: el rol de las «MAHA moms»
El caso ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un símbolo de la lucha entre la industria agroquímica y grupos de presión ambiental y de salud pública. Un actor clave en este debate son las llamadas «MAHA moms» —madres activistas agrupadas en la organización Moms Across America (MAHA)—, que han intensificado sus protestas contra Bayer y su aliado político, el expresidente Donald Trump.
MAHA, un grupo que aboga por la eliminación de pesticidas y alimentos transgénicos, ha acusado a la administración Trump de favorecer a la industria agroquímica al debilitar regulaciones ambientales. «Este caso es una prueba de fuego para la alianza entre Trump y las grandes corporaciones», declaró una portavoz del grupo. «Si la Corte falla a favour de Bayer, enviará un mensaje de impunidad a las empresas que priorizan las ganancias sobre la salud pública».
Las «MAHA moms» han llevado su campaña a las redes sociales, donde comparten testimonios de afectados por cáncer y exigen mayor transparencia en la regulación de pesticidas. Su activismo ha ganado visibilidad en un año electoral, con algunos analistas sugiriendo que el tema podría influir en las elecciones de medio término de 2026, especialmente en estados agrícolas como Iowa y Kansas, donde el uso de glifosato es generalizado.
El futuro de Bayer y el mercado de agroquímicos
Un fallo favorable a Bayer en este caso podría tener consecuencias significativas para la industria. La empresa ha reservado más de 16,000 millones de dólares para cubrir posibles indemnizaciones y acuerdos, pero un veredicto de la Corte Suprema que limite las demandas estatales reduciría drásticamente su exposición financiera. Analistas estiman que el valor de las acciones de Bayer podría aumentar hasta un 15% si el tribunal falla a su favour, mientras que un resultado adverso prolongaría la incertidumbre legal y financiera.
Por otro lado, organizaciones de consumidores advierten que un fallo a favour de Bayer sentaría un precedente peligroso. «Si la Corte permite que las empresas evadan la responsabilidad por daños a la salud bajo el argumento de la regulación federal, se abriría la puerta a que otros sectores —como el farmacéutico o el tabacalero— utilicen estrategias similares», señaló un experto en derecho ambiental.
La decisión de la Corte Suprema, que se espera para junio de 2026, no solo definirá el futuro de las demandas contra Roundup, sino también el equilibrio entre la regulación federal y los derechos de los estados para proteger a sus ciudadanos. Mientras tanto, Bayer continúa comercializando Roundup en más de 160 países, aunque en algunos mercados —como Alemania— ha comenzado a retirar productos con glifosato en respuesta a presiones regulatorias.
El caso también ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar la FIFRA, una ley que data de 1947 y que, según críticos, no se ha actualizado para abordar los riesgos de los pesticidas modernos. «La ciencia ha avanzado, pero la regulación no», afirmó un representante de la Unión de Científicos Preocupados. «Este caso es una oportunidad para exigir mayor transparencia y precaución en la aprobación de químicos agrícolas».
Para los inversores, el caso representa un riesgo sistémico. Bayer, cuya capitalización bursátil ha caído más de un 40% desde la adquisición de Monsanto, enfrenta no solo las demandas por Roundup, sino también litigios por otros productos como el herbicida dicamba y los transgénicos. «La exposición legal de Bayer es una de las mayores en la historia corporativa», señaló un informe de la consultora Bernstein. «Un fallo adverso podría desencadenar una nueva ola de demandas y afectar su capacidad para operar en mercados clave».
Mientras la Corte delibera, el sector agroquímico observa con atención. Un resultado favorable a Bayer podría alentar a otras empresas a desafiar regulaciones estatales, mientras que un fallo en contra reforzaría el poder de los estados para imponer estándares más estrictos. En cualquier caso, el veredicto marcará un hito en la relación entre la industria, la regulación y los derechos de los consumidores.
