Corte decidirá este martes sobre libertad bajo fianza para dos altos funcionarios de Ekurhuleni acusados de corrupción
Este martes 28 de abril de 2026, el Tribunal de Primera Instancia de Palm Ridge, en Johannesburgo, emitirá su veredicto sobre la solicitud de libertad bajo fianza presentada por Julius Mkhwanazi, exjefe suspendido de la Policía Metropolitana de Ekurhuleni (EMPD), y Kagiso Lerutla, administrador municipal de la misma ciudad. Ambos enfrentan cargos por fraude y corrupción vinculados a presuntas irregularidades en contratos públicos.
La audiencia, que se reanudó esta mañana tras una pausa el viernes pasado, ha puesto bajo la lupa las acusaciones en su contra. Según los documentos presentados ante el tribunal, los fiscales argumentan que existen riesgos de fuga y obstrucción a la justicia, especialmente considerando los recursos económicos y conexiones políticas de los acusados. Mkhwanazi y Lerutla fueron arrestados en marzo de este año tras una investigación conjunta entre la Unidad de Investigación de Delitos Prioritarios (Hawks) y el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS).
Durante las sesiones previas, la fiscalía reveló detalles que vinculan a los imputados con presuntos esquemas de sobornos en licitaciones municipales, incluyendo la adjudicación de contratos para servicios de seguridad y mantenimiento de infraestructuras. Uno de los testigos clave, cuya identidad se mantiene bajo reserva, declaró haber entregado pagos en efectivo a intermediarios en nombre de Mkhwanazi. Además, se mencionó la posible destrucción de pruebas, aunque los abogados defensores han rechazado estas afirmaciones, calificándolas de «especulativas».
El caso ha generado tensiones en el seno del partido gobernante en Ekurhuleni, el Congreso Nacional Africano (ANC). En declaraciones a la prensa, el portavoz regional del ANC, Mzwandile Masina, restó importancia al arresto de Lerutla, afirmando que se trata de «un problema personal, no del partido». Masina enfatizó que el ANC no interferirá en el proceso judicial y que la gestión municipal continúa con normalidad. Sin embargo, críticos y organizaciones de la sociedad civil han cuestionado esta postura, señalando que la corrupción en el gobierno local ha sido un problema recurrente en los últimos años.
De concederse la libertad bajo fianza, los acusados deberán cumplir con condiciones estrictas, que podrían incluir la entrega de sus pasaportes, la prohibición de acercarse a testigos y la presentación periódica ante las autoridades. La defensa, por su parte, ha argumentado que ambos tienen raíces comunitarias sólidas y no representan un riesgo de fuga. El magistrado a cargo del caso, cuyo nombre no ha sido revelado, evaluará estos argumentos antes de emitir su fallo.
El caso de Mkhwanazi y Lerutla se suma a una serie de investigaciones en curso sobre corrupción en gobiernos locales sudafricanos. Según datos del Departamento de Gobierno Cooperativo y Asuntos Tradicionales, al menos 15 funcionarios municipales han sido acusados de delitos similares en los últimos dos años, aunque pocos han enfrentado condenas hasta el momento.
Mientras tanto, la alcaldesa de Ekurhuleni, Tania Campbell, ha evitado pronunciarse sobre el caso, limitándose a asegurar que la administración municipal «colaborará plenamente con las autoridades». La próxima sesión del tribunal está programada para las 14:00 horas (hora local), cuando se espera el veredicto.
