El gobierno de Nueva Zelanda ha presentado un proyecto de ley destinado a reforzar la protección del consumidor y combatir las prácticas comerciales engañosas, centrándose especialmente en la transparencia de los precios y las promociones.
Endurecimiento de las sanciones por precios engañosos
El proyecto de ley, denominado Fair Trading Amendment Bill, fue impulsado por la ministra de Crecimiento Económico, Nicola Willis, y el ministro de Comercio y Asuntos del Consumidor, Cameron Brewer. La iniciativa busca elevar significativamente las multas por incumplimiento de la Ley de Comercio Justo (Fair Trading Act) y endurecer las normativas sobre promociones y fijación de precios.
La ministra Nicola Willis enfatizó la necesidad de eliminar las discrepancias entre el precio exhibido y el cobrado, señalando que «es muy sencillo: el precio que los neozelandeses ven en el estante o en el pasillo del supermercado debe ser el precio que paguen en la caja». Según Willis, existe un número considerable de consumidores que siguen siendo engañados, ya sea por diferencias de precio al momento del pago o por promociones que no representan ahorros reales.
Uno de los cambios más drásticos es el incremento de las penalizaciones económicas. El proyecto propone que las empresas enfrenten multas de hasta 5 millones de dólares, o tres veces el valor de cualquier ganancia comercial o transacción vinculada a la infracción. Esta cifra representa un aumento sustancial frente al límite actual de 600.000 dólares.
«Estos cambios significan que las empresas no pueden tratar el incumplimiento de la ley como un simple costo de hacer negocios», afirmó la ministra Willis.
Combate a las estafas digitales y seguridad de productos
Además de las multas comerciales, la legislación introduce una defensa de «puerto seguro» (safe harbour) para los proveedores de servicios en línea. Esta medida permitirá a dichas plataformas eliminar con mayor rapidez el contenido sospechoso de ser una estafa, siempre y cuando adopten precauciones razonables.
Al respecto, el ministro Cameron Brewer explicó que esta disposición brinda a los proveedores «la confianza para actuar rápidamente para proteger a los neozelandeses» frente a estafas cada vez más sofisticadas.
Finalmente, el proyecto de ley incluye modificaciones para agilizar la actualización de los estándares de seguridad de los productos. El objetivo es permitir que Nueva Zelanda se mantenga alineada con las normativas internacionales, reduciendo al mismo tiempo los costos de cumplimiento para las empresas.
