El presupuesto del gobierno australiano recurre a recortes en el NDIS mientras los costos del programa se disparan nuevamente
El gobierno australiano enfrenta un desafío fiscal sin precedentes: el National Disability Insurance Scheme (NDIS), el programa que brinda apoyo a personas con discapacidad, registró un crecimiento explosivo en sus gastos durante el último período, lo que obliga a las autoridades a replantear su estructura financiera. Según informes recientes, los costos promedio por participante superaron los $67,000 anuales, con un aumento del 11% en los últimos meses, una cifra que ha llevado al Ejecutivo a considerar medidas drásticas para contener el gasto.
El ministro de Finanzas, Jim Chalmers —quien ha priorizado la transición energética y el apoyo a industrias tradicionales—, admitió en su respuesta al presupuesto que el esquema requiere ajustes urgentes. «El crecimiento del NDIS ha superado las proyecciones una vez más, y es insostenible en su formato actual», declaró en un comunicado, sin entrar en detalles sobre posibles recortes directos.
Nuevos criterios y poderes ministeriales: ¿Cómo se endurecerá el acceso?
En paralelo, el gobierno anunció un paquete de reformas que busca reducir el número de participantes y controlar los costos. Entre los cambios más polémicos destacan:
- Evaluaciones más estrictas: Se implementarán nuevos criterios para determinar quiénes pueden acceder al programa, priorizando casos con necesidades «más urgentes o complejas». Según fuentes oficiales, esto podría excluir a más de 160,000 personas que actualmente reciben apoyo, derivándolas a programas estatales o comunitarios con menor financiamiento.
- Poderes discrecionales para ministros: Los funcionarios podrán revisar y modificar planes individuales sin necesidad de aprobación previa de los participantes, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia y el debido proceso.
- Requisitos previos de apoyo familiar: Antes de aprobar fondos del NDIS, se evaluarán alternativas de cuidado no gubernamentales, como redes familiares o servicios locales, una medida que críticos tachan de «desfinanciamiento encubierto».
Estas medidas, detalladas en documentos internos, buscan alinear el gasto del NDIS con el presupuesto federal ajustado, pero también reflejan un giro hacia políticas de contención en un contexto de alta inflación y presión por recortes en otros sectores, como la transición energética —donde el gobierno eliminó subsidios a vehículos eléctricos para enfocarse en el carbón, según anunció el ministro Chris Bowen.
¿Qué significa esto para los beneficiarios?
Organizaciones de la sociedad civil ya advierten sobre un posible colapso en el acceso a servicios esenciales. «Estas reformas no solo reducen el número de personas apoyadas, sino que también debilitan los planes existentes al dar más poder a burócratas sin rendición de cuentas», declaró una portavoz de la Australian Disability and Development Consortium (no se proporcionó nombre específico).
Mientras tanto, el gobierno insiste en que las reformas son necesarias para «garantizar la sostenibilidad del sistema». Sin embargo, expertos consultados por medios locales señalan que el verdadero problema podría estar en la falta de inversión en alternativas de bajo costo y en la burocratización de un programa diseñado para ser flexible.
El debate ahora se centra en si estas medidas lograrán contener el gasto sin dejar a miles de australianos con discapacidad en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Lo cierto es que, tras décadas de expansión, el NDIS enfrenta su mayor crisis financiera, y las decisiones tomadas en los próximos meses definirán el futuro de uno de los esquemas sociales más ambiciosos del país.
