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La administración de Donald Trump ha desistido de implementar un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a combatir la «instrumentalización» (anti-weaponization) del sistema judicial.
La cancelación de este plan fue confirmada por el fiscal general interino, Todd Blanche. La decisión de abandonar el fondo de pagos surge tras una combinación de factores, entre los que destacan un fallo judicial y una considerable reacción política negativa.
El proyecto había generado tensiones internas, provocando una rebelión dentro del propio Partido Republicano (GOP), lo que finalmente llevó al gobierno a retirar la iniciativa.
