Un proyecto de tecnología migratoria de 33 millones de dólares, desarrollado durante siete años por el gobierno, colapsó sin entregar resultados, según revelaciones que apuntan a posibles irregularidades y ocultamiento de información por parte de funcionarios. La investigación, que involucra a la Comisión de Servicios Públicos y a organismos de supervisión, ya avanzó hacia despidos de servidores implicados, mientras el ministerio responsable enfrenta cuestionamientos por supuestamente «engañar» a autoridades con informes falsos.
¿Qué falló en el proyecto de 33 millones?
El sistema, desarrollado entre 2017 y 2024, tenía como objetivo modernizar los procesos migratorios pero no funcionó, según confirmaron fuentes oficiales citadas por 1News y The Post. Funcionarios de Inmigración habrían ocultado deliberadamente información sobre su avance, según denunció Radio New Zealand (RNZ), que obtuvo documentos internos que revelan discrepancias entre los informes presentados al ministerio y la realidad del proyecto.
El Comisionado de Servicios Públicos advirtió en declaraciones a NZ Herald que despidos son «altamente probables» para los servidores públicos vinculados al caso, especialmente aquellos que aprobaron pagos sin supervisión adecuada. «Hay evidencia de que se tomaron decisiones sin el debido escrutinio», declaró la autoridad, sin confirmar aún nombres.
¿Por qué el ministerio enfrenta acusaciones de «engañar»?
Documentos obtenidos por RNZ muestran que el proyecto, liderado por el Ministerio del Interior, recibió 33 millones de dólares en fondos públicos pero no cumplió plazos ni entregó funcionalidades operativas. Según 1News, un informe interno admitía que el sistema «no estaba listo para producción» en 2023, a pesar de que el ministerio había asegurado avances significativos a la ministra responsable.
La Oficina de Integridad Pública abrió una investigación formal tras las revelaciones, según confirmó Stuff. «Estamos evaluando si hubo incumplimiento de normas de contratación y gestión financiera», indicó un portavoz, sin descartar sanciones administrativas o penales si se comprueba negligencia.
¿Qué pasa ahora con los funcionarios involucrados?
La Comisión de Servicios Públicos ya inició un proceso disciplinario contra al menos tres empleados identificados en los informes, según NZ Herald. Fuentes cercanas al caso señalaron que los despidos podrían extenderse a más servidores si se confirma que aprobaron pagos sin supervisión técnica o falsearon informes de progreso.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior se limitó a emitir un comunicado en el que rechazó «cualquier sugerencia de engaño», pero admitió que «se están revisando los procesos internos». No hubo declaraciones de la ministra a cargo, cuya oficina ha sido señalada como receptora de los informes cuestionados.
¿Qué sigue para el proyecto?
La investigación de la Oficina de Integridad Pública podría extenderse hasta mediados de 2025, según estimaciones de The Post. Mientras tanto, el gobierno ya contrató una auditoría externa para evaluar el estado actual de los fondos invertidos y determinar si queda algún residuo del proyecto que pueda ser reutilizado.
Expertos en tecnología gubernamental consultados por RNZ advirtieron que casos como este repetidos en otros países —como el sistema de visas británico que costó 160 millones y fue abandonado en 2020— debilitan la confianza ciudadana en los procesos de contratación pública. «Cuando fallan proyectos de este calibre, el costo real no es solo el dinero, sino la reputación institucional», señaló un analista.
El caso también reabre el debate sobre la transparencia en los contratos públicos, especialmente en áreas sensibles como migración, donde la eficiencia operativa es crítica. Mientras las autoridades investigan, el gobierno ya anunció que buscará alternativas tecnológicas, aunque no ha detallado plazos ni proveedores.
Fuentes: 1News, RNZ, NZ Herald, The Post, Stuff.
