La agencia estatal de transporte de Victoria, VicTrack, destinó 187.000 dólares de fondos públicos a una consultora de recursos humanos para gestionar un proceso de selección que resultó en la ratificación del director ejecutivo que ya ocupaba el cargo. Según informó el Herald Sun, el gasto fue destinado a la firma de reclutamiento Odgers Berndtson para identificar candidatos para el puesto de CEO, una función que en ese momento ya desempeñaba Campbell Rose.
¿Cómo se justificó el gasto de 187.000 dólares?
De acuerdo con la información revelada por el Herald Sun, el desembolso formaba parte de un proceso de búsqueda externa iniciado para cubrir la vacante de director ejecutivo en VicTrack. A pesar de la inversión de 187.000 dólares en servicios de consultoría, el proceso concluyó con la selección de Campbell Rose, quien ya dirigía la agencia ferroviaria y de tranvías desde 2021.
El uso de estos recursos ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia en el manejo de los fondos de los contribuyentes. La agencia, que gestiona activos ferroviarios y de transporte en todo el estado, recurrió a una búsqueda de mercado global antes de confirmar la continuidad del directivo que ya estaba al frente de la organización.
El contexto del contrato con Odgers Berndtson
La firma Odgers Berndtson fue la encargada de ejecutar el proceso de búsqueda. Los detalles financieros del contrato indican que el monto total fue pagado íntegramente por la agencia pública. Este tipo de procesos, aunque comunes en la administración pública para garantizar transparencia y competitividad en puestos de alta dirección, son objeto de escrutinio cuando el resultado final no implica un cambio en el liderazgo ni una renovación de la cúpula ejecutiva.

Campbell Rose asumió el cargo de CEO de VicTrack en septiembre de 2021, tras dejar su puesto anterior como director ejecutivo de la Autoridad de Parques de Victoria. La decisión de contratar a una consultora externa para un puesto que ya contaba con un titular activo ha sido señalada por el Herald Sun como una decisión administrativa de alto costo para el erario público.
