La Cámara de Representantes aprobó el 9 de diciembre de 2020 la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) con una mayoría de 335 votos a favor frente a 78 en contra, con un miembro absteniéndose. Este margen, superior a los dos tercios necesarios, desafía la amenaza de veto del presidente Donald Trump por discrepancias sobre la Sección 230.
El desafío al veto presidencial por la Sección 230
La votación, reportada por CBS News, superó el umbral requerido para anular un posible veto del presidente Donald Trump. La Oficina de Administración y Presupuesto recomendó formalmente que el presidente vete la legislación si llega a su escritorio. El mandatario había expresado su rechazo a la legislación argumentando que el texto debía incluir la eliminación de la Sección 230, una normativa que protege a las empresas de redes sociales frente a responsabilidades legales por el contenido publicado por terceros. La ley actual no contiene dicha disposición.
A pesar de la postura del presidente, figuras clave del Partido Republicano han manifestado su intención de avanzar con la legislación. La congresista Liz Cheney declaró el lunes que el Congreso debería aprobar la ley y trabajar para anular cualquier intento de veto si el presidente decide emitirlo. En la misma línea, el congresista Mac Thornberry, miembro de alto rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara, advirtió el lunes sobre las consecuencias de no actuar con prontitud al señalar que los legisladores deberían regresar a trabajar en diciembre si es necesario.
Componentes climáticos y energéticos en la legislación
Más allá de la controversia política, la ley integra medidas ambientales significativas. Esta disposición fue impulsada por el representante Inslee mediante una enmienda.
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El paquete legislativo también contempla la creación de la figura de un director de planes y programas de energía operativa dentro del Pentágono. Este funcionario tendrá la responsabilidad de designar oficiales de energía en cada rama militar, con el objetivo de reducir el consumo energético total. La iniciativa se presenta no solo como una medida climática, sino también como una estrategia de ahorro económico, considerando que el Departamento de Defensa gastó 9.5 mil millones de dólares en combustible durante el año anterior.
Debate sobre combustibles alternativos
La legislación modifica una normativa previa, originalmente redactada por Henry Waxman, que restringía a las agencias federales la compra de combustibles sintéticos con altas emisiones de carbono. El representante Dan Boren, promotor de esta enmienda, argumentó junto a otros críticos que las restricciones anteriores podrían obstaculizar la capacidad del ejército para acceder a combustibles alternativos que ayuden a desplazar el petróleo extranjero.
Sin embargo, los críticos de esta modificación señalan que, ante la falta de tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CCS) que esté disponible —la cual se estima que está al menos a diez años de distancia—, los combustibles derivados del carbón emitirían el doble de dióxido de carbono que los combustibles derivados del petróleo. La tensión entre la seguridad energética y el impacto ambiental sigue siendo un punto de fricción en la implementación de estos planes, mientras el proyecto de ley continúa su camino hacia el Senado.
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