El pasado 30 de julio de 2026, las autoridades electorales de diversos estados de Estados Unidos cuestionaron las declaraciones del presidente Donald Trump sobre un supuesto acceso a datos de votantes, señalando que las agencias federales nunca notificaron filtración alguna y que los datos eran de dominio público.
Las acusaciones presidenciales y la respuesta de los estados
El centro de la controversia gira en torno a un discurso en horario estelar ofrecido a mediados de julio de 2026, en el que el mandatario estadounidense aseguró que Pekín había comprado, robado o hackeado los registros de hasta 220 millones de votantes estadounidenses. Sin embargo, al ser consultados sobre las 15 demarcaciones señaladas en los informes de inteligencia desclasificados publicados por la Casa Blanca, los funcionarios de 12 de esos estados confirmaron que las autoridades federales jamás les informaron acerca de una brecha de seguridad en sus sistemas de registro electoral, un procedimiento estándar cuando se detectan intrusiones cibernéticas.
La falta de comunicación oficial por parte de Washington ha generado dudas generalizadas sobre la veracidad de la vulnerabilidad expuesta. Según el análisis publicado por The Washington Post, los estados afectados explicaron que los datos citados por el Ejecutivo corresponden a información de carácter público que cualquier ciudadano puede consultar en internet o solicitar mediante los canales habituales.
Informes de inteligencia y objetivos de espionaje
Los documentos de inteligencia desclasificados que respaldan los señalamientos de la administración no contienen elementos que prueben que China haya manipulado votos, alterado padrones o tenido la capacidad técnica para hacerlo durante las elecciones de 2020. Expertos en seguridad electoral y directores de organizaciones especializadas han insistido en que las acciones de los actores extranjeros respondieron a labores tradicionales de recopilación informativa.
They haven’t changed data, they haven’t modified data, they haven’t deleted data. They just have some data. Pamela Smith, chief executive of election security organization Verified Voting
Un memorándum citado por la prensa detalla que un actor de explotación de redes informáticas de origen chino descargó información de registros de votantes pertenecientes a seis estados desde sitios web comerciales en enero de 2022, un periodo posterior a los comicios presidenciales. Las demarcaciones mencionadas en dicho reporte incluyen a Colorado, Connecticut, Florida, Michigan, Oklahoma y Rhode Island.
La postura de los estados ante los datos divulgados
Los gobiernos locales han refutado la narrativa de un hackeo sofisticado a los servidores oficiales. Desde Tallahassee, la portavoz del Departamento de Estado de Florida, Gretl Plessinger, afirmó que los datos de registro no sufrieron vulneraciones informáticas y recordó que el archivo estatal se encuentra disponible de forma pública en línea, canal mediante el cual pudo ser obtenido por terceros.
En la misma línea, el portavoz de la Secretaría de Estado de Connecticut, Matthew Clyburn, señaló que el sistema electoral de su territorio opera completamente desconectado de internet. Por su parte, la representación de Rhode Island indicó que la administración federal omitió presentar pruebas de un uso inapropiado de la información, mientras que en Ohio el portavoz Ben Kindel recordó que la oficina del secretario de Estado fue advertida hace una década sobre el acceso a datos electorales que ya eran públicos.
Rechazo internacional y contexto político de medio mandato
En el plano internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó de manera categórica las acusaciones y las calificó de fabricadas. El portavoz de la cancillería china, Lin Jian, instó a Washington a dejar de utilizar a su país como herramienta de campaña para los próximos comicios de medio mandato de noviembre de 2026, reiterando que Pekín mantiene el principio de no injerencia en asuntos extranjeros.
En paralelo a la controversia por los padrones electorales, el gobierno estadounidense anunció restricciones adicionales en las políticas de visados que afectan el tiempo de estancia para estudiantes y profesionales de la comunicación extranjeros, medida que el ejecutivo chino calificó de discriminatoria y sobre la cual advirtió que podría implementar contramedidas.
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