El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos prevé que todos los agentes y oficiales de campo cuenten con cámaras corporales para finales de agosto. El despliegue se acelera tras dos tiroteos fatales ocurridos en julio en Texas y Maine, abriendo un intenso debate sobre la transparencia y el acceso a las grabaciones.
La expansión acelerada fue confirmada por el director interino de la agencia, David Venturella, tras una serie de incidentes que encendieron las alarmas sobre el uso de la fuerza y la falta de equipamiento de grabación en las calles.
El trasfondo de los tiroteos fatales en Texas y Maine
En el primer caso, un agente de ICE mató a un ciudadano mexicano en Houston, Texas. Días después, otro oficial disparó y causó la muerte a un ciudadano colombiano en Biddeford, Maine. En ambos episodios, los agentes involucrados carecían de cámaras corporales para documentar los hechos.
Las muertes desataron protestas en ciudades como Houston, Boston y Portland, además de renovar la presión política sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Legisladores de diversos sectores exigieron respuestas sobre los protocolos de actuación. La administración del presidente Donald Trump defendió inicialmente que los oficiales actuaron en defensa propia tras el supuesto uso de vehículos como armas por parte de los conductores, una versión que los familiares de las víctimas han disputado.
Financiamiento federal y los retrasos del cierre de gobierno
La falta generalizada de dispositivos en el campo ha sido objeto de recriminación política. El Departamento de Seguridad Nacional atribuyó las demoras en la adquisición y distribución de los equipos a los cierres gubernamentales parciales ocurridos a principios de año, los cuales congelaron los fondos necesarios para cerrar las compras.
A pesar de que más de la mitad de las oficinas de campo ya contaban con los aparatos, el resto del inventario quedó rezagado.
Pausas en las paradas de tráfico y nuevas directrices operativas
A raíz de los incidentes, la agencia implementó medidas operativas de emergencia. El zar fronterizo Tom Homan indicó que las directrices actuales exigen la grabación obligatoria de todas las paradas de vehículos mediante al menos una cámara corporal activa por equipo de detención.
Tras una breve orden de suspender las paradas de vehículos que dejó temporalmente congeladas las operaciones de tránsito, la Casa Blanca rectificó de inmediato. La secretaria de prensa Karoline Leavitt confirmó que, bajo instrucciones directas del presidente Donald Trump y del secretario del DHS Markwayne Mullin, las paradas de tráfico continúan bajo nuevas pautas que condicionan el operativo a la presencia de al menos un oficial equipado con el sistema de video.
Polémica por la divulgación selectiva de las grabaciones
Si bien la llegada masiva de los dispositivos busca garantizar la rendición de cuentas, las disposiciones internas de la agencia sobre el manejo del material audiovisual han generado controversia entre expertos y defensores de los derechos civiles.
La normativa interna contempla un criterio para la publicación acelerada de videos tras lesiones graves o muertes bajo custodia cuando se determine que obedece a los best interests of the agency
. Sin embargo, la misma política establece excepciones amplias.
El director interino David Venturella rechazó las críticas sobre estas restricciones y sostuvo que la normativa busca proteger las investigaciones en curso y la privacidad individual, homologando los criterios de ICE con los de otras agencias federales de ley y orden bajo la Ley de Libertad de Información.
Por su parte, analistas como el profesor de sociología Christopher Schneider advierten que dejar abierta la posibilidad de retener material de forma indefinida crea un margen considerable para la opacidad institucional.
El investigador señaló que, de cierta manera, ICE está diciendo lo obvio en voz alta al valorar cómo la política contempla de forma explícita la retención discrecional de las imágenes en los casos más polémicos.
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