La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el 16 de septiembre de 2026 convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la Unión Europea. El anuncio, realizado en Estrasburgo ante el primer ministro Mark Carney, responde a las tensiones comerciales y arancelarias generadas por el gobierno estadounidense.
La Unión Europea busca rediseñar sus alianzas estratégicas frente a un escenario geopolítico cada vez más fragmentado.
Una respuesta a las tensiones con Estados Unidos y las amenazas arancelarias
Las relaciones entre Canadá y su vecino del sur se han deteriorado debido a la política de aranceles impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump y sus repetidas alusiones a convertir a territorio canadiense en el estado número 51. Ante esta situación, Ottawa ha intensificado sus esfuerzos para diversificar socios comerciales y reducir su dependencia económica de Estados Unidos, mercado que absorbe aproximadamente el 70 por ciento de sus exportaciones.
De la cooperación comercial a una Alianza para el Futuro con Canadá
La propuesta europea no contempla una integración total, sino la creación de un marco de colaboración más ambicioso que se apoye en el Acuerdo Económico y Comercial Global, conocido como CETA. La oficina de Carney acogió con satisfacción la iniciativa, señalando que el país norteamericano busca blindar su soberanía mediante una cooperación reforzada en sectores clave.
Las áreas prioritarias de esta nueva asociación estratégica abarcan la manufactura avanzada, la tecnología, la producción de defensa, la investigación científica, la energía y el desarrollo en el Ártico. Además, Ottawa y Bruselas planean cooperar en el suministro de minerales críticos, baterías, inteligencia artificial, computación cuántica y ciberseguridad. Esta es una asociación no contra otros, sino por nuestra fuerza común
, afirmó Von der Leyen, según los registros periodísticos sobre el discurso.
Los retos institucionales y el precedente de la membresía asociada
Actualmente, el estatuto de miembro asociado carece de una definición jurídica consolidada dentro de los tratados comunitarios. La figura se ha mencionado en debates anteriores respecto a Ucrania o el Reino Unido tras el Brexit, sin que se hayan materializado medidas concretas. Cualquier modificación de esta magnitud requeriría la aprobación unánime de los 27 países que integran el bloque.
Existen además pendientes normativos y comerciales. Cerca de diez Estados miembros de la UE todavía deben ratificar completamente el CETA, un tratado que cumplió casi una década desde su firma inicial. Asimismo, persisten divergencias regulatorias en materia de gravámenes de carbono a productos importados, políticas de deforestación y normativas sobre pesticidas.
A pesar de los obstáculos burocráticos, la integración en el sector de defensa ha avanzado con mayor rapidez. Durante el año en curso, Canadá se convirtió en el primer país ajeno a Europa en adherirse al programa SAFE, un fondo de defensa dotado con 150.000 millones de euros —equivalentes a 173.000 millones de dólares— que facilita la adquisición conjunta de armamento e inversiones estratégicas.
Próximos pasos en la agenda bilateral de Ottawa y Bruselas
Mientras el Parlamento Europeo continúa con los debates legislativos, un funcionario canadiense confirmó a la prensa que el gobierno de Ottawa analiza esquemas que permitan a sus ciudadanos residir y laborar en territorio europeo sin la exigencia de visados.
El siguiente encuentro oficial entre ambas partes está programado para celebrarse en el mes de octubre en Montreal, donde se prevé discutir la implementación de nuevos acuerdos digitales y los avances en la cadena de suministro de minerales estratégicos, consolidando un acercamiento geopolítico inédito en el escenario transatlántico.
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