Un juez de Iowa desestimó el miércoles la demanda por fraude al consumidor que el presidente Donald Trump interpuso contra el diario Des Moines Register y la encuestadora J.
La decisión del juez Scott Beattie sobre la cobertura electoral en Iowa
El juez de distrito Scott Beattie dictó su fallo el miércoles 23 de septiembre de 2026, con el cual puso fin al litigio judicial que enfrentó a los demandantes con el periódico y la encuestadora a raíz de los resultados publicados en la recta final de la campaña presidencial de 2024. El tribunal concluyó que el recurso legal carecía de sustento jurídico bajo el derecho estatal y federal.
La acción judicial se originó a finales de diciembre de 2024, cuando Donald Trump, acompañado por la representante federal Mariannette Miller-Meeks y el exsenador estatal Brad Zaun, ambos republicanos, demandó a la empresa editora y a Selzer. Los demandantes argumentaban que el sondeo publicado en octubre de ese año alteró el desarrollo de los comicios al mostrar una ventaja de tres puntos porcentuales a favor de la candidata demócrata Kamala Harris en un estado que Trump terminó ganando por trece puntos de diferencia.
Scott J. Beattie afirmó que, en esencia, la petición de los demandantes busca estirar tanto la ley estatutaria como el derecho consuetudinario de Iowa más allá de sus límites actuales, convirtiendo en responsabilidad civil un discurso que goza de la categoría más alta de protección de la Primera Enmienda.
Los argumentos sobre la Primera Enmienda y la ley de fraude al consumidor
Los abogados de los demandantes intentaron encuadrar el sondeo de opinión dentro de la normativa comercial, bajo el argumento de que la encuesta constituía un producto fraudulento que perjudicó sus recursos y su tiempo de campaña. Sin embargo, el magistrado rechazó de manera categórica esta premisa, al recalcar que la publicación de un medio periodístico no constituye una transacción comercial.

El juez Beattie determinó que el trabajo de la prensa y la difusión de sondeos previos a una votación nacional se encuentran amparados por el nivel más alto de protección constitucional. En su fallo, el magistrado añadió que la demanda presentaba fallas insalvables y advirtió sobre las consecuencias de permitir que este tipo de reclamaciones prosperen en los tribunales.

Scott J. Beattie señaló que esta demanda involucra un discurso sobre un asunto de interés y preocupación pública, y que permitir que avance una reclamación legalmente defectuosa como esta conlleva un costo que un caso ordinario no tiene, debido a que defenderse de ella puede desalentar a otros de informar sobre los asuntos públicos y debatir acerca de ellos.
Incluso bajo el supuesto de aceptar los señalamientos de la parte demandante sobre una presunta alteración metodológica en la elaboración del estudio demoscópico, el juez subrayó que cada uno de los cargos presentados no cumplía con los requisitos legales necesarios para configurar un delito de fraude o engaño al consumidor.
Reacciones de la defensa y de la encuestadora J. Ann Selzer
Tras conocerse el veredicto, los representantes legales de la defensa destacaron la importancia de la resolución para salvaguardar la labor informativa. La organización Foundation for Individual Rights and Expression, conocida como FIRE, asumió la defensa legal de la encuestadora de forma gratuita y calificó la demanda original como una táctica intimidatoria propia de las demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP.
El abogado principal de FIRE, Bob Corn-Revere, señaló que la resolución judicial frena los intentos de utilizar términos políticos como eslóganes legales para coaccionar a los críticos. Ann Selzer defendió la naturaleza de su trabajo y la transparencia con la que manejó los datos tras la publicación del estudio.

J. Ann Selzer sostuvo que las encuestas son una ciencia social y no clarividencia, y que ningún encuestador responsable puede garantizar el resultado de unas elecciones, añadiendo que lo que sí pueden garantizar es que seguirán los datos hacia dondequiera que conduzcan, incluso cuando los resultados sean incómodos o inesperados.
En el ámbito corporativo, la asesoría jurídica del grupo editorial propietario del rotativo celebró la sentencia como un triunfo para la libertad de expresión. Polly Grunfeld Sack, abogada principal de USA TODAY Co., indicó que el fallo envía un mensaje claro contra las acciones legales orientadas a presionar a los medios de comunicación por su línea editorial.
Próximos pasos legales anunciados por el equipo de Trump
A pesar del revés judicial en la instancia estatal de Iowa, un portavoz del equipo legal de Donald Trump confirmó que llevarán el caso ante el Tribunal Supremo de Iowa para continuar con su reclamo contra la publicación y la encuestadora.
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