Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ratificó la decisión del Pentágono de vetar a Anthropic por motivos de seguridad nacional, un fallo que contrasta con otra sentencia judicial favorable a la empresa y profundiza la disputa legal y política en torno a la inteligencia artificial militar.
El fallo del tribunal de apelaciones y los riesgos para la defensa
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia respaldó por dos votos contra uno la decisión del Departamento de Guerra de incluir a Anthropic en su lista negra de riesgos para la cadena de suministro. La medida impide que la compañía emergente participe en contratos con las fuerzas armadas o con contratistas federales.
El juez Gregory Katsas, designado por Donald Trump durante su primer mandato, redactó la opinión de la mayoría y sostuvo que la prohibición responde a un riesgo cubierto por la ley y justificado ante la negativa de la empresa a ceder en sus condiciones de uso. La jueza Neomi Rao respaldó el criterio, mientras que la jueza Karen LeCraft Henderson votó en disidencia.
El trasputo del contrato y las restricciones de Claude
El conflicto legal y financiero surgió a raíz de un contrato inicial de 200 millones de dólares firmado en julio del año pasado, mediante el cual Anthropic acordó suministrar capacidades de inteligencia artificial para la seguridad nacional. Sin embargo, las tensiones escalaron cuando el director ejecutivo de la empresa, Dario Amodei, expresó que no permitirían el uso de su tecnología Claude en armas totalmente autónomas ni en tareas de vigilancia masiva doméstica.
El secretario de defensa Pete Hegseth calificó la postura de la compañía como un acto de arrogancia y exigió que las herramientas tecnológicas se adapten a todos los usos militares legítimos sin restricciones impuestas por los desarrolladores civiles. Tras la ruptura de las negociaciones, el gobierno emitió la designación que bloquea de manera temporal el modelo comercial de la startup con el Estado.
Sentencias cruzadas y batallas judiciales paralelas
El litigio presenta un escenario judicial complejo debido a que la administración fundamentó el veto en dos normativas distintas, lo que obligó a disputar el caso en tribunales separados. El mes pasado, una jueza federal en San Francisco, Rita Lin, dictaminó que una de las designaciones del Pentágono era ilegal y constituía una represalia contra la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda.
Frente al fallo adverso del tribunal de apelaciones en Washington, un portavoz de Anthropic señaló la contradicción entre los tribunales federales y adelantó los próximos pasos de la defensa corporativa.
La empresa añadió que considera todas las opciones disponibles, incluida una posible revisión por parte del pleno de los jueces del circuito o un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, mientras la compañía evalúa los costos económicos de la medida frente a sus proyecciones financieras futuras.
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