La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró este 26 de septiembre de 2026 que su gestión financiera y administrativa se mantiene libre de irregularidades, respaldada por siete auditorías de la Contraloría y catorce informes de la Procuraduría que no muestran hallazgos de corrupción ni de otro tipo.
Ante el reciente escrutinio público sobre sus gastos operativos, traslados presupuestales y comisiones oficiales, el tribunal de justicia transicional emitió un pronunciamiento detallado para defender la transparencia de sus operaciones. La entidad enfatizó que toda su información fiscal y de gestión se encuentra abierta a la vigilancia ciudadana y de los entes de control.
Justificación de los viajes internacionales y comisiones de magistrados
Las salidas al exterior realizadas por los magistrados y funcionarios han generado debate público. Sin embargo, el tribunal explicó que dichos desplazamientos responden a invitaciones institucionales concretas dirigidas a socializar el modelo de Justicia Transicional Restaurativa ante la comunidad internacional.
Asimismo, estas misiones incluyen la participación en foros judiciales especializados junto a organismos internacionales enfocados en los derechos humanos y el derecho penal internacional.
El Acuerdo Final de Paz fue depositado formalmente ante el Consejo Federal Suizo en Berna y reconocido como documento oficial ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo la Resolución 2261, por esta razón la JEP debe mantener informada a la comunidad internacional sobre su trabajo.
Jurisdicción Especial para la Paz, comunicado oficial
El debate sobre el arriendo y los intentos fallidos de compra de la sede
Otro de los focos de controversia ha sido el costo del alquiler del edificio donde funciona la sede principal del organismo en Bogotá. Al respecto, el tribunal aclaró los intentos fallidos que se han realizado durante dos administraciones presidenciales para adquirir el inmueble en propiedad.
Durante el mandato del expresidente Iván Duque Márquez, la Secretaría Ejecutiva tramitó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) un proyecto de inversión para comprar el edificio, pero la iniciativa recibió un concepto desfavorable. Posteriormente, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, se estructuró una solicitud similar.
El valor comercial estimado de la edificación para este año asciende aproximadamente a 288.538 millones de pesos. No obstante, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) emitió un concepto técnico desfavorable que frenó la operación.
Evaluación de los entes de control y reconocimiento internacional
Para respaldar su manejo administrativo, la entidad recordó que ha respondido de manera oportuna a los requerimientos de fiscalización fiscal y disciplinaria. El balance incluye revisiones exhaustivas por parte de los organismos fiscalizadores del Estado.
Por un lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha descrito al organismo como un referente de transparencia pública. Por otro lado, la ejecución presupuestal alcanzó un nivel de cumplimiento del 99,3 % durante el año pasado, lo que llevó al Ministerio de Hacienda a catalogarla como una de las instituciones que mejor ejecutó los recursos asignados.
Finalmente, la JEP hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a verificar los datos directamente en las fuentes oficiales difundidas por el tribunal, con el propósito de sostener un debate público fundamentado en cifras reales y verificables.
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