Entre julio y octubre de 2024, las autoridades investigan a un individuo por la presunta práctica ilegal de la abogacía. Se le acusa de ofrecer servicios de asesoría legal en negociaciones de despido a seis clientes, a pesar de no poseer la calificación profesional requerida.
Según información proporcionada por la división de seguridad, el sospechoso habría actuado como intermediario, conectando a los empleados que buscaban finalizar su relación laboral con abogados, con el objetivo de obtener una compensación económica por este servicio. La investigación se centra en determinar si esta actividad constituye un delito relacionado con el ejercicio no autorizado de la profesión legal.
Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del individuo en este caso.
