El Ministerio de Educación de Japón investigará a la corporación Doshisha tras trágico accidente en Henoko
El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) de Japón se encuentra coordinando una inspección presencial a la corporación educativa Doshisha. Esta medida se toma a raíz del naufragio de una embarcación frente a las costas de Henoko, Okinawa, donde falleció una estudiante de 17 años del Instituto Internacional Doshisha durante un viaje escolar.
La decisión de realizar una investigación directa, prevista para finales de abril, surge luego de que el MEXT no obtuviera respuestas satisfactorias a través de las gestiones realizadas con la prefectura de Kioto. Hasta el momento, las autoridades han identificado deficiencias graves en la seguridad, destacando la falta de inspecciones previas en el lugar del accidente.
Los detalles sobre el siniestro han generado una profunda conmoción. Se ha revelado que la embarcación zarpó a pesar de que existía una alerta por oleaje, aunque la escuela sostuvo que el capitán no manifestó preocupaciones al respecto. El proceso de rescate de la joven fallecida se prolongó durante 70 minutos; su chaleco salvavidas fue hallado enganchado en una estructura interna (un «ikesu» o tanque de peces) de la nave, lo que sugiere que no pudo evacuar a tiempo.
El padre de la víctima ha compartido su dolor y frustración a través de la plataforma Note, cuestionando por qué se permitió que los alumnos viajaran en una embarcación «frágil» y denunciando una sensación de abandono en la supervisión docente durante la estancia. Según el relato del padre, su hija había elegido el destino de Henoko motivada por el deseo de admirar los arrecifes de coral junto a sus compañeros.
Además de la seguridad física, el caso ha abierto un debate sobre el contenido educativo del viaje. El MEXT pretende verificar los detalles del «aprendizaje sobre la paz» impartido a los alumnos. En este contexto, se ha señalado que el uso de un «barco de protesta» podría contravenir los principios de la Ley Básica de Educación.
La controversia se extiende también al ámbito político, con fuertes críticas hacia el grupo «All Okinawa» por emitir notificaciones para retomar sus actividades de protesta mientras aún se llevan a cabo investigaciones obligatorias. Asimismo, han surgido voces que expresan desconfianza hacia ciertos medios de comunicación, acusándolos de ejercer la «libertad de no informar» sobre los pormenores del suceso.
