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Antifa: Culpables por Terrorismo en Texas

by Editor de Mundo

DALLAS (AP) — Un jurado federal declaró culpables a ocho personas el viernes de cargos relacionados con terrorismo por un tiroteo ocurrido en una instalación migratoria en Texas. Los fiscales federales vincularon el incidente con Antifa, el movimiento descentralizado de extrema izquierda que ha sido objeto de atención por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

Asimismo, una persona fue hallada culpable de intento de asesinato después de que, según la fiscalía, abriera fuego el verano pasado cerca del Centro de Detención Prairieland, a las afueras de Fort Worth, hiriendo a un oficial de policía. El Departamento de Justicia calificó la violencia como un ataque planeado por miembros de Antifa —abreviatura de antifascismo—, aunque los abogados de los acusados negaron cualquier vínculo con el movimiento, argumentando que se trató de una manifestación con fuegos artificiales que escaló.

El juicio, que duró casi tres semanas en Fort Worth, fue presidido por el juez federal Mark Pittman, designado por Trump. Expertos legales y observadores siguieron el proceso de cerca, considerándolo una prueba de los límites del poder gubernamental para castigar a los manifestantes.

Kash Patel, director del FBI, declaró que es la primera vez que se imputan cargos por proporcionar apoyo material a terroristas a individuos acusados de pertenecer a Antifa.

“El veredicto de hoy por cargos de terrorismo no será el último, a medida que el gobierno de Trump desmantela sistemáticamente a Antifa y finalmente detiene su violencia en las calles de Estados Unidos”, afirmó la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

Antifa no es una organización única, sino un término general que engloba a diversos grupos de extrema izquierda que se enfrentan o resisten a neonazis y supremacistas blancos en manifestaciones.

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Los acusados niegan vínculos con Antifa

Los abogados defensores argumentaron ante el jurado que no existía un plan para cometer actos violentos el 4 de julio frente a la instalación en Alvarado.

En total, nueve personas fueron acusadas en el juicio. Ocho enfrentaban cargos por proporcionar apoyo material a terroristas, entre otros. El noveno acusado, Daniel Sanchez Estrada, fue imputado por ocultar documentos y conspirar para hacerlo. Fue declarado culpable de ambos cargos.

Christopher Weinbel, abogado de Sanchez Estrada, expresó su incredulidad ante la decisión del jurado. Señaló que su cliente había sido llamado a filas por el Ejército en varias ocasiones para defender a Estados Unidos y que esperaba que su sacrificio significara algo. “Pero siento que con esto se le ha dado la espalda a la justicia… Estados Unidos perdió hoy con este veredicto”, declaró Weinbel.

Durante los alegatos finales, el fiscal Shawn Smith argumentó que las acciones del grupo —incluyendo el porte de armas de fuego, botiquines de primeros auxilios y chalecos antibalas— indicaban una intención nefasta. Sostuvo que practicaban “tácticas de Antifa” y que estaban “obsesionados con la seguridad operativa”.

Los abogados de los acusados, por su parte, insistieron en que no hubo una emboscada planificada y que quienes portaban armas lo hacían únicamente para su propia protección.

El caso plantea interrogantes sobre la Primera Enmienda

Los cargos de terrorismo se produjeron tras la orden de Trump el otoño pasado de designar a Antifa como una organización terrorista nacional. Estos cargos no requerían una conexión con una organización específica, y no existe una lista nacional equivalente a la del Departamento de Estado de organizaciones terroristas extranjeras, debido en parte a las amplias protecciones constitucionales de la Primera Enmienda que otorgan derechos a las organizaciones que operan dentro de Estados Unidos.

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Críticos del caso del Departamento de Justicia advirtieron que el resultado podría tener consecuencias de gran alcance para las protestas.

“Esa oposición es algo que el gobierno quiere reprimir, por lo que un caso como este ayuda al gobierno a determinar hasta dónde puede llegar al criminalizar protestas constitucionalmente protegidas, y también a intimidar e infundir miedo, con la esperanza de que la gente en otras ciudades se lo piense dos veces antes de protestar”, manifestó Suzanne Adely, presidenta interina del National Lawyers Guild, un grupo jurídico progresista.

El juicio se centró en los disparos frente al centro de detención

Los abogados de los acusados afirmaron que la mayoría de los manifestantes comenzaron a retirarse cuando dos guardias del centro salieron al exterior, antes de que se produjeran los disparos.

Según la fiscalía, Benjamin Song, un exreservista del Cuerpo de Infantería de Marina, gritó “¡a los fusiles!” y abrió fuego, alcanzando a un agente de policía que acababa de llegar al centro.

Aunque fue Song quien disparó, los fiscales también acusaron a otros manifestantes de intento de asesinato y de disparar un arma de fuego, pero fueron absueltos. La fiscalía argumentó que, dada la planificación del grupo, era evidente para los demás que podría producirse un tiroteo.

El agente herido, el teniente Thomas Gross de la policía de Alvarado, testificó que al llegar a la escena vio a una persona vestida completamente de negro, con el rostro cubierto y portando un fusil. Le dijo al jurado que le dispararon, y el proyectil entró por su hombro y salió por su cuello.

El abogado de Song, Phillip Hayes, argumentó durante los alegatos finales que no hubo una llamada a las armas antes de que Gross llegara a la escena y desenfundara su arma de manera “agresiva”. Hayes sugirió que los disparos de Song fueron “fuego de supresión” y que la bala que impactó al agente fue un rebote.

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Antes del juicio, varias personas se declararon culpables de proporcionar apoyo material a terroristas tras ser acusadas de respaldar a Antifa. Enfrentan hasta 15 años de prisión.

Algunos de ellos testificaron para la fiscalía, incluido Seth Sikes, quien dijo que fue al centro de detención porque quería llevar algo de alegría a quienes estaban detenidos.

“Sentí que estaba haciendo lo correcto”, expresó.

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El periodista de The Associated Press Jim Vertuno contribuyó desde Austin, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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