A través de la continua colaboración entre California y organizaciones filantrópicas, el estado está maximizando los fondos disponibles y el apoyo comunitario para ayudar a las familias con sus necesidades básicas y servicios que promuevan su bienestar. Se valora especialmente la colaboración con la California Community Foundation, la San Francisco Foundation y la Sierra Health Foundation, cuyas recientes inversiones alineadas y complementarias ascienden a casi 30 millones de dólares.
Esta inversión se suma al enfoque más amplio de California para apoyar a las familias y, gracias al gobernador, la legislatura y los socios comunitarios, incluye servicios legales, divulgación comunitaria y coordinación regional para fortalecer la respuesta local a los desafíos que enfrentan las familias inmigrantes. Estos esfuerzos están aumentando la experiencia en la representación legal en casos de habeas corpus para ayudar a liberar a californianos de la detención migratoria ilegal, fortalecer las respuestas a la aplicación de la ley migratoria y mejorar la colaboración entre las agencias locales y las comunidades que reciben los servicios.
Asociaciones regionales
A través de redes regionales de organizaciones que sirven a los inmigrantes, el estado está financiando a organizaciones sin fines de lucro para coordinar intervenciones legales para personas detenidas, mejorar la colaboración regional y las respuestas a los daños causados por la aplicación de la ley migratoria, y conectar a las familias con servicios de confianza.
Esta iniciativa ya ha ayudado a miles de californianos a acceder a servicios legales y sociales, incluyendo eventos de divulgación en varios idiomas, consultas legales y visitas a centros de detención.
“Este es un momento de gran necesidad para las familias inmigrantes en todo California, y satisfacer esa necesidad requiere que todos demos un paso al frente”, declaró Fred Blackwell, director ejecutivo de la San Francisco Foundation. “Estamos agradecidos de trabajar con el gobernador y los socios de todo el estado en este esfuerzo, y me enorgullece que nuestros donantes y socios ya se hayan comprometido a destinar cerca de 3 millones de dólares a Stand Together Bay Area, una iniciativa para brindar el apoyo necesario a las familias inmigrantes que enfrentan los miedos y las realidades de la deportación. Juntos, en todo el estado, nos aseguramos de que las familias tengan el apoyo y la estabilidad que merecen y fortalecemos los lazos que nos unen a todos”.
“La aplicación federal de la ley migratoria ha creado una emergencia humanitaria en nuestras comunidades inmigrantes. A través de nuestro Fondo de Apoyo a Vecinos de Los Ángeles, se han puesto a disposición más de 3 millones de dólares para más de 3.500 familias que luchan por satisfacer sus necesidades básicas, y estamos comprometidos a colaborar con socios en todo California para apoyar a las familias inmigrantes en crisis”, afirmó Miguel Santana, presidente y director ejecutivo de la California Community Foundation. “En este momento de desafío sin precedentes, debemos actuar con una solidaridad sin precedentes, y estamos orgullosos de trabajar junto con socios filantrópicos, líderes empresariales, organizaciones laborales e instituciones cívicas, incluido el gobernador Newsom, para garantizar que todos los californianos tengan acceso a las necesidades básicas y el debido proceso”.
Ante los esfuerzos por dividir y dañar a las comunidades y familias de California, la visión compartida y el esfuerzo colectivo son fundamentales. Trabajando juntos, el gobierno de California y sus socios filantrópicos pueden combinar la escala con la agilidad, asegurando que las familias inmigrantes en California reciban el apoyo oportuno y coordinado que merecen”, dijo Chet P. Hewitt, presidente y director ejecutivo de la Sierra Health Foundation. “La colaboración es la forma de cerrar brechas, acelerar la ayuda mutua y mantener a las familias seguras y a las comunidades resilientes. Nuestro Fondo de Resiliencia para Inmigrantes del Valle Central y la Costa Central (CCIRF) se asocia con iniciativas nuevas y existentes que se están llevando a cabo en las regiones del Valle Central y la Costa Central de California para ayudar a las comunidades a mitigar los daños físicos, emocionales y económicos causados por los cambios drásticos en las políticas federales de inmigración. Con un enfoque en el acceso a la salud, la nutrición, la educación y los servicios y apoyos legales, CCIRF invierte cerca de 7 millones de dólares para apoyar a los inmigrantes de California que residen en las regiones agrícolas de nuestro estado.
Esta coordinación regional también aprovecha otros fondos estatales para servicios de inmigración, incluida la facilitación de conexiones con abogados de defensa contra la deportación a través del Proyecto de Representación de Personas Detenidas para personas que están detenidas y enfrentan procedimientos de inmigración, un servicio apoyado por la asignación de fondos de las Sesiones Especiales de 2025 por parte del Gobernador y la Legislatura.
Valores respaldados por inversiones recientes
Este año, el estado otorgó 15 millones de dólares para financiar completamente a 33 organizaciones de defensa contra la deportación durante los próximos dos años, ayudando a los californianos que enfrentan la deportación a acceder a representación legal. En consulta con proveedores sin fines de lucro y expertos legales, el estado ha ampliado la financiación para la divulgación comunitaria y los servicios de defensa contra la deportación mejorados mediante la financiación de consultas legales y la ampliación de la representación para las personas en detención.
California ha comprometido 125 millones de dólares en financiación reciente para apoyar los servicios legales relacionados con la inmigración gratuitos en todo el estado, incluyendo:
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75 millones de dólares en financiación continua para servicios legales relacionados con la inmigración
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25 millones de dólares en financiación de sesiones especiales para servicios legales en procedimientos civiles, incluida la inmigración
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25 millones de dólares en financiación única, incluidos 15 millones de dólares para servicios legales de inmigración y 10 millones de dólares para servicios legales y gestión de casos para jóvenes
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20 millones de dólares durante dos años para apoyar la coordinación regional
Las inversiones del estado a lo largo de los años han aumentado el acceso a los servicios legales de inmigración. La financiación estatal satisface las solicitudes del personal legal sin fines de lucro existente. Sin embargo, la capacidad actual del personal legal sin fines de lucro no puede satisfacer la creciente demanda. El estado está realizando inversiones para aumentar la capacidad con organizaciones sólidas de defensa contra la deportación, y continúa discutiendo posibles soluciones con proveedores, organizaciones filantrópicas y otros para ampliar el acceso a los abogados y apoyar a las familias a corto plazo.
“Nuestras comunidades inmigrantes han enfrentado dificultades emocionales y físicas inimaginables. Esta asociación es fundamental para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades en todo el Estado Dorado y conectarlas con valiosa asistencia legal y mutua”, dijo Monique Limón, Presidenta Pro Tempore del Senado. “Esperamos asociarnos con el Gobernador y el Presidente para brindar apoyo adicional necesario, incluidos los servicios legales que nuestras comunidades necesitan desesperadamente”.
“California nunca permanecerá en silencio ante las crueles e ilegales redadas migratorias de Trump. Responderemos al miedo y la intimidación con coraje y acción”, dijo Robert Rivas, Presidente de la Asamblea. “Estoy orgulloso de estar junto a nuestro Gobernador y socios comunitarios mientras protegemos a las familias inmigrantes, fortalecemos el acceso a un apoyo legal confiable y defendemos la dignidad de cada inmigrante que llama a este estado su hogar. En California, no damos la espalda a nuestros vecinos, lideramos con conciencia y actuamos”.
El estado continuará reuniéndose con familias inmigrantes, líderes comunitarios, proveedores de servicios, escuelas y gobiernos locales para evaluar las necesidades emergentes.
“Continuamos en solidaridad con nuestras familias inmigrantes. El gobierno federal está librando una guerra contra nuestras comunidades, y no lo permitiremos”, dijo la senadora Lena Gonzalez (D-Long Beach), presidenta del Caucus Legislativo Latino de California. “Estamos invirtiendo dinero en un esfuerzo para detener el miedo, detener la separación de nuestras familias y detener la violación de nuestros derechos básicos”.
“A medida que continúan las redadas en todo el estado, las familias inmigrantes asiático-americanas y de las islas del Pacífico continúan viviendo con miedo, incertidumbre e inestabilidad”, dijo Mike Fong, miembro de la Asamblea (D-Alhambra), presidente del Caucus Legislativo AAPI. “Son críticos los recursos adicionales para ayudar a nuestros individuos y familias inmigrantes a navegar por el sistema legal y recibir otros servicios esenciales. Agradecemos los esfuerzos del Gobernador para buscar recursos privados para apoyar a las familias durante estos tiempos difíciles”.
“Cuando las acciones federales crean miedo e inestabilidad, es nuestra responsabilidad estar presentes para las familias”, dijo Kim Johnson, Secretaria de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California. “Esta inversión fortalece a los socios locales que están ayudando a las personas a acceder a servicios legales y satisfacer las necesidades básicas en un momento increíblemente difícil”.
Impacto económico de la política migratoria insana de Trump
Las acciones de Trump tienen un efecto paralizante: se espera que la economía del estado se contraiga a finales de este año debido a las consecuencias de los aranceles globales y las redadas migratorias en Los Ángeles y otras ciudades que han sacudido a sectores clave, como la construcción, la hostelería y la agricultura, según un pronóstico de UCLA Anderson.
A principios de este año, el Gobernador se reunió con propietarios de negocios y líderes religiosos en el área de Los Ángeles para discutir el impacto económico y social de las acciones migratorias federales indiscriminadas en sus comunidades. El condado de Los Ángeles encontró que se produjeron pérdidas comerciales de aproximadamente 3,7 millones de dólares entre julio y septiembre de 2025 debido a las redadas migratorias federales en el condado de Los Ángeles.
Las deportaciones masivas en California podrían reducir en 275 mil millones de dólares la economía del estado y eliminar 23 mil millones de dólares en ingresos fiscales anuales. La pérdida de mano de obra inmigrante retrasaría los proyectos (incluida la reconstrucción de Los Ángeles después de los incendios forestales), reduciría el suministro de alimentos y aumentaría los costos. Los inmigrantes indocumentados contribuyeron con 8.500 millones de dólares en impuestos estatales y locales en 2022, una cifra que aumentaría a 10.300 millones de dólares si estos contribuyentes pudieran solicitar trabajar legalmente.
California permanece vigilante
El estado anunció un nuevo portal en línea para ayudar al público a denunciar actividades potencialmente ilegales por parte de agentes y funcionarios federales en todo el estado. El portal permite a los californianos enviar videos y fotos, lo que ayuda a crear un registro de posibles conductas ilegales por parte de agentes federales e informa las posibles acciones legales que el estado puede tomar para proteger los derechos de los californianos. Si cree que está presenciando un delito en curso, debe llamar al 911 o a las autoridades locales y denunciarlo.
La ley de California es clara y prudente
Las agencias de aplicación de la ley estatales y locales no participan en estas redadas migratorias imprudentes e indiscriminadas. Su enfoque es mantener a las personas seguras y prevenir el delito, no separar familias y amenazar a los trabajadores. La ley estatal exige que cooperen solo con la aplicación de la ley migratoria federal para las personas que han sido condenadas por delitos graves, incluidas las que salen de las prisiones estatales.
California ha tomado medidas, incluida la promulgación de una legislación reciente para ayudar a mantener a las personas seguras y contrarrestar las tácticas imprudentes de la “policía secreta” de Trump y Stephen Miller en California.
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Escuelas: Las familias serán notificadas cuando la aplicación de la ley migratoria llegue a los campus escolares, y la información de los estudiantes y las aulas estarán protegidas de ICE, y se requerirá una orden judicial para acceder a ellas.
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Hospitales: Las salas de emergencia y otras áreas no públicas en un hospital público están fuera de los límites para la aplicación de la ley migratoria sin una orden judicial, y la información migratoria recopilada por un proveedor de atención médica está protegida como información médica.
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Derechos de los padres y debido proceso: Leyes que apoyan los derechos de los padres frente al aumento de las separaciones familiares debido a la aplicación de la ley migratoria. Financiación de abogados de inmigración y asistencia para inmigrantes para que puedan mantener o solicitar el estatus legal y tener su día en la corte para evitar su detención y deportación injustas.
