El nuevo gobierno checo propone frenar el incremento de las cuotas de seguridad social para autónomos
La nueva coalición gubernamental, integrada por ANO, SPD y Motoristas, ha presentado una propuesta legislativa para detener el crecimiento de los anticipos mínimos de la seguridad social para las personas físicamente independientes (OSVČ). Según el plan, los anticipos para el año 2026 no se incrementarán y se mantendrán en el nivel actual, equivalente al 35 % del salario promedio, evitando así el aumento previsto hasta el 40 %.
Alena Schillerová, una de las impulsoras de la medida, ha señalado que este ajuste permitiría a los trabajadores autónomos ahorrar hasta 8.580 coronas durante 2026. Asimismo, se ha aprobado una enmienda —pendiente de la firma del Senado y del presidente— que reduciría el anticipo mínimo de seguridad social de las 5.720 coronas actuales a 5.005 coronas. De entrar en vigor, los excedentes pagados serían devueltos a los contribuyentes al final del año.
Reversión de las medidas de consolidación
Esta iniciativa supone un giro respecto a las políticas implementadas por el gobierno de Petra Fiala como parte de su paquete de consolidación. Aquellas medidas habían incrementado la base mínima de liquidación anual del 50 % al 55 % de la base imponible, además de elevar los anticipos mínimos para los autónomos en su actividad principal. En el caso del régimen forfaitario (paušální režim), la base de liquidación mensual aumentó en la segunda banda a 28.050 coronas y en la tercera a 42.900 coronas.
El gobierno anterior justificaba estos incrementos argumentando que los autónomos suelen aportar menos que los empleados, lo que deriva en pensiones muy bajas, y que estas sumas adicionales eran necesarias para fortalecer el sistema de pensiones.
Impacto en el sistema de pensiones y críticas políticas
La reducción de las cuotas ha generado preocupación sobre la sostenibilidad financiera de las pensiones. El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Marian Jurečka, ha expresado su rechazo al plan de la nueva coalición, advirtiendo que esta medida podría crear “pensionistas con problemas”.
El análisis económico sugiere que la disminución de los ingresos en la caja estatal —estimada en unos 700 coronas mensuales por cada autónomo— podría afectar la capacidad del Estado para financiar las pensiones. Ante la falta de fondos provenientes de la seguridad social, el Estado podría verse obligado a recurrir al presupuesto general, financiado a través de otros impuestos, para cubrir el pago de las jubilaciones.
