El año pasado concluyó con una nota muy positiva para la industria del cannabis. A finales de diciembre, desde el Despacho Oval, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que instruía al Fiscal General para que agilizara el proceso de reclasificación del cannabis como una droga menos peligrosa.
El objetivo de la orden ejecutiva de Trump es reclasificar la marihuana como una sustancia menos dañina, lo que representaría el cambio más significativo en las leyes sobre drogas del país desde que el presidente Nixon firmó la Ley de Sustancias Controladas en 1970. Este cambio de clasificación no legalizaría la marihuana, pero sí otorgaría a la industria del cannabis una importante reducción de impuestos, valorada en miles de millones de dólares.
Si bien la industria del cannabis, valorada en 32 mil millones de dólares, celebró este movimiento histórico, el proceso no será rápido. La marihuana aún está categorizada como una droga de la Lista I, junto con la heroína y el LSD. Si el gobierno federal completa el proceso, la marihuana será reclasificada como una droga de la Lista III, utilizada para medicamentos con beneficios médicos aceptados que aún tienen potencial de adicción, como los esteroides, la ketamina y el Tylenol con codeína.
Sin embargo, las drogas de la Lista III aún se consideran sustancias controladas, lo que significa que las restricciones sobre la fabricación, venta y posesión de cannabis permanecerán vigentes. Además, la diversidad de mercados regulados en 40 estados que permiten las ventas médicas y 25 que permiten las ventas recreativas seguirán en conflicto con la ley federal. El cronograma para la reclasificación del cannabis sigue siendo incierto, ya que la Fiscal General Pam Bondi no ha emitido un comentario público sobre el proceso.
A pesar de esta perspectiva positiva para la industria, 2025 también trajo una decepción para la prima hermana de la marihuana, el cáñamo. A principios de noviembre, el senador de Kentucky Mitch McConnell añadió una enmienda a la sección de Asignaciones Agrícolas del proyecto de ley de gastos para reabrir el gobierno federal, poniendo fin al cierre más largo de la historia, con el fin de prohibir efectivamente la industria del cáñamo intoxicante de 28 mil millones de dólares. El senador junior de Kentucky, Rand Paul, lanzó una votación infructuosa para bloquear la prohibición, que entrará en vigor este noviembre a menos que se introduzca una nueva legislación. A principios de esta semana, el representante Morgan Griffith de Virginia y el representante Marc Veasey de Texas presentaron un proyecto de ley que regularía los productos de cáñamo.
Además de la gran incertidumbre sobre el futuro del cáñamo, existen serios obstáculos que la industria del cannabis debe superar. Por ejemplo, existen campañas bien financiadas en tres estados, Arizona, Massachusetts y Maine, para revocar las ventas recreativas de cannabis. También existe resistencia al esfuerzo de reclasificación, ya que un grupo en contra ha contratado a Bill Barr, ex fiscal general de Trump, para presentar una demanda si y cuando la Fiscal General Pam Bondi emite una norma final para reclasificar la droga.
“La conclusión es que el movimiento de reforma de la marihuana se encuentra en una encrucijada y enfrenta serios vientos en contra”, afirma Paul Armentano, subdirector del grupo de defensa de la legalización del cannabis sin fines de lucro NORML. “La forma en que el movimiento responda a estas situaciones determinará si continuamos avanzando en 2026 y más allá, o si comenzamos a perder impulso y retroceder”.
Dado que no ha habido ningún estado que legalice las ventas de uso adulto desde 2023, cuando los votantes de Ohio eligieron legalizar la marihuana, Armentano dice que no tiene “mucho optimismo” en este momento con respecto a que más estados legalicen. “De cara al futuro, no estoy convencido de que las perspectivas sean sólidas para este año”, añade.
Dicho esto, podría haber más avances a nivel estatal en el año que viene. A continuación, se muestra dónde podría expandirse el mapa del cannabis en 2026.
Florida
La legalización de las ventas recreativas de marihuana podría volver a presentarse en las urnas del Sunshine State en noviembre, pero será otra batalla cuesta arriba. En 2024, a pesar del apoyo del presidente Trump, la medida en las urnas fracasó al no obtener el 60% necesario de los votos. Una nueva encuesta reveló que el apoyo a la legalización de las ventas recreativas disminuyó al 51%, un mínimo de cuatro años.
Hawaii
Hawaii fue el primer estado en legalizar la marihuana medicinal a través de la legislatura estatal en 2000, pero no ha podido legalizar un mercado recreativo. Los legisladores estatales intentaron aprobar el uso para adultos en 2024, pero el proyecto de ley aprobado por el Senado murió en comité. Ahora existe un impulso para que el tema sea aprobado como una medida en las urnas.
“Esto ciertamente me dice que los defensores no creen que tengan los votos en la legislatura para lograrlo, y están tratando de encontrar una forma de sortear la legislatura”, dice Armentano.
Pennsylvania
El Estado Keystone legalizó la marihuana medicinal en 2016 y el gobernador demócrata Josh Shapiro, ex fiscal general del estado, está a favor de legalizar el cannabis recreativo. Todos los estados que bordean Pennsylvania han legalizado el cannabis de uso adulto, excepto Virginia, que tiene un programa médico estricto y limitado. Pero hasta ahora, los esfuerzos han fracasado y no hay suficiente apoyo bipartidista para lograrlo.
“Hasta que haya un esfuerzo bipartidista real por parte de demócratas y republicanos, cualquier esfuerzo se estancará”, dice Armentano. “No es que en el futuro los dos partidos no puedan trabajar juntos en un proyecto de ley de consenso, pero eso no ha sucedido todavía y no he visto indicios de ningún tipo de avance en el horizonte”.
Virginia
Virginia legalizó la marihuana recreativa para mayores de 21 años en 2021, pero el estado aún no tiene un mercado legal debido a los múltiples vetos del exgobernador republicano Glenn Youngkin. Pero la recién elegida gobernadora Abigail Spanberger dijo que firmaría un proyecto de ley que permita las ventas recreativas siempre que incluya disposiciones de etiquetado sólidas y los ingresos fiscales se destinen a financiar la educación.
