El Segundo Tribunal Oral de Santiago condenó este jueves a Maickel Villegas Rodríguez como autor material del secuestro con homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.
El fallo dictado por el tribunal capitalino marca un hito en la investigación al declarar culpable al primer imputado extraditado y sometido a juicio oral por el crimen. El proceso judicial contra el acusado, de 28 años y vinculado a la célula ‘Piratas de Aragua’, concluyó tras la presentación de pruebas y los alegatos de clausura desarrollados esta semana en Santiago.
Las labores de vigilancia y el operativo en Independencia
Durante el juicio, el Ministerio Público reconstruyó los movimientos previos al homicidio. Según la acusación de la Fiscalía Metropolitana Sur, Villegas realizó labores de vigilancia durante cuatro horas en las afueras del edificio donde residía el disidente venezolano, ubicado en la comuna de Independencia.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, detalló que el imputado se encontraba frente al inmueble cuando un grupo de sujetos se hizo pasar por funcionarios de la PDI para ingresar al departamento y sacar a la víctima durante la madrugada del 21 de febrero de 2024.
La investigación apuntó que, tras concretar la extracción del exoficial, Villegas tomó una fotografía con su teléfono celular y la envió a terceros para confirmar que el secuestro se había llevado a cabo. Posteriormente, la Fiscalía estableció que el acusado prestó asistencia a los participantes del operativo cuando el vehículo que trasladaba a Ojeda sufrió un desperfecto mecánico a la altura del kilómetro 20 de la Costanera Norte, recogiendo a tres de los involucrados en el desplazamiento.
La compra de combustible en San Bernardo que permitió identificarlo
Un movimiento clave expuesto por el Ministerio Público durante las audiencias situó al acusado en la ruta tras el crimen. Tras auxiliar al grupo en la autopista, Villegas llegó hasta un servicentro Copec en la zona sur de Santiago para cargar combustible en su Chevrolet Sail blanco.
En ese establecimiento, ubicado en la comuna de San Bernardo, el imputado entregó su RUT para acumular puntos por la compra.
Durante los alegatos, la defensa del acusado, a cargo de la abogada Jeannette Cofré, cuestionó la solidez de las pruebas técnicas presentadas por el persecutor, tales como la georreferenciación y los registros de pórticos en las autopistas.
Creo que simplemente la georreferenciación o los pórticos no pueden ser la señal que dé el Ministerio Público para condenar a mi representado en un delito tan detestable como este.
Jeannette Cofré, abogada defensora
La defensa sostuvo que la única oportunidad en que su representado fue ubicado con claridad ocurrió en Santa Rosa, en la comuna de La Granja, precisamente al momento de cargar combustible, reprochando además que no se realizaran diligencias adicionales sobre los teléfonos incautados al imputado.
La postura de la Fiscalía y el debate sobre el móvil político
Tras conocerse el veredicto condenatorio dictado en completa reserva, el fiscal Héctor Barros expresó su conformidad con la resolución del tribunal y confirmó que el Ministerio Público solicitará una pena de 20 años de presidio para el condenado.
El persecutor aclaró que durante este juicio oral no se logró acreditar un móvil político directo en la actuación específica de Villegas. Según la tesis de la Fiscalía, el condenado cumplía funciones operativas en los eslabones más bajos de la estructura criminal.
prestaba cobertura a la estructura criminal y que está en los eslabones operativos más inferiores de la estructura criminal. Por lo tanto, ni siquiera él probablemente supiese qué es lo que pasaba más arriba.
Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur
El querellante remarcó la magnitud de la operación ilegal ejecutada a escasos metros del Palacio de Gobierno en Chile.
En cuanto a las exigencias planteadas por Costa Rica durante el proceso de extradición, la defensa recordó que el Estado costarricense estableció como condición que la pena no superara los 50 años de privación de libertad contemplados en su legislación y descartó la aplicación de la pena de muerte. Con estos antecedentes, la abogada defensora adelantó que buscarán una sentencia de 15 años y un día, argumentando la irreprochable conducta anterior
de su representado, quien permanece recluido en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad.
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