El anuncio ha generado preocupación entre los ciudadanos chilenos. El Gobierno de José Antonio Kast anunció, durante la noche del 23 de marzo, una modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el instrumento estatal utilizado para mitigar las fluctuaciones bruscas en los precios de los combustibles. Esta decisión implicará un incremento, a partir del jueves 26 de marzo, de cerca del 30 por ciento en el precio de la gasolina y de poco más del 60 por ciento en el caso del diésel.
La medida representa un duro golpe para la economía familiar, ante lo cual el gobierno espera implementar medidas de mitigación como subsidios para taxistas, el congelamiento de las tarifas del transporte público y de la parafina –combustible utilizado para calefacción–, así como facilitar el acceso a créditos para la adquisición de vehículos eléctricos, entre otras iniciativas.
El alza de los precios del petróleo, provocado por la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, está afectando a toda la región latinoamericana. México ha anunciado estímulos fiscales para evitar que el costo se traslade completamente a los consumidores, mientras que Brasil, a mediados de marzo, eliminó el impuesto federal al diésel e implementó un gravamen a la exportación de crudo, en un intento por estabilizar los precios internos.
Ecuador ha optado por focalizar los subsidios en los sectores de menores ingresos, mientras que Bolivia anunció que los precios de los combustibles, que ya experimentaron un fuerte aumento en 2025, no volverán a incrementarse al menos hasta mediados de año.
Diferentes países, diferentes medidas
“El margen de acción depende de la situación particular de cada país, pero no se trata de medidas que puedan mantenerse indefinidamente en el tiempo”, señaló a DW Francisco Eggers, profesor de Política y Desarrollo Económico de la Universidad Católica de La Plata (Argentina).
“Los gobiernos de la región suelen tener tres opciones: subsidios, reducción de impuestos o trasladar el aumento al consumidor. Ninguna es gratuita. Si subsidian, deterioran sus cuentas fiscales; si trasladan el aumento, alimentan la inflación y el conflicto social; si reducen impuestos, sacrifican la recaudación”, explicó a DW el economista y exmiembro del directorio del Banco Central de Bolivia, Bismarck Arevilca.
El experto boliviano considera que las soluciones propuestas por Chile “tienen sentido como respuesta de emergencia, pero no como una solución permanente”. Esto se debe a que, si bien “ayudan a amortiguar el impacto, proteger los ingresos y evitar que el alza del petróleo se traduzca rápidamente en mayores tarifas de transporte e inflación, a largo plazo generan carga fiscal, distorsionan los precios, debilitan los incentivos a la eficiencia energética y se vuelven difíciles de revertir”.
Riesgo inflacionario
Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, detalló a DW que “mecanismos como la reducción de impuestos o la aplicación de subsidios son factibles, pero dependen de la disponibilidad de recursos, los aspectos legales que implica su aplicación y, principalmente, del alcance del efecto de esta inestabilidad internacional en cada una de las economías”.
Para el académico chileno, cada país es consciente de que el aumento de los precios del petróleo conlleva costos “que no solo afectan a los combustibles, sino también a las cadenas de alimentación, distribución y logística”. Anticipándose a estos escenarios, los presupuestos nacionales suelen incluir respuestas de emergencia y, por ello, “los países cuentan con mecanismos como fondos de estabilización, rebajas de impuestos o compensaciones tributarias” para mitigar los efectos de las alzas.
Arevilca advierte sobre el riesgo inflacionario que surge en escenarios económicos como el actual, así como el peligro de que las arcas fiscales se vean desbordadas. “Los gobiernos que subsidian los combustibles deben gastar más para mantener los precios internos”, recordó. Además, “los países importadores necesitan más divisas para comprar energía, lo que presiona la balanza comercial, el tipo de cambio y las reservas”.
El académico señaló que mantener los precios congelados “crea una aparente estabilidad a corto plazo, ya que el consumidor no percibe un aumento inmediato, pero acumula un costo silencioso en las cuentas estatales”, que, según remarcó, en su país se traduce inmediatamente en un déficit fiscal.
Choque transitorio
Francisco Eggers considera que las medidas adoptadas hasta ahora parten de la base de que el choque será transitorio. “Si no lo fuera, sería necesario adaptar gradualmente los precios relativos. Pero si es transitorio, puede ser útil la combinación de medidas fiscales y control de precios, teniendo cuidado de que no provoquen distorsiones significativas o efectos nocivos a mediano o largo plazo”.
“El riesgo es que una medida pensada para contener el impacto coyuntural termine convirtiéndose en una rigidez estructural”, advierte Arevilca.
“Los subsidios deben ser de emergencia, no pueden ser permanentes, ya que implicarían un gasto fiscal que no está contemplado en los presupuestos. Por eso es importante explicitar que tienen una fecha de inicio y una fecha de término”, recomienda Berríos, porque, aunque parezca obvio, “los recursos para subsanar inestabilidades transitorias son precisamente eso, transitorios”.
(ms)
