La asociación Féministes contre le cyberharcèlement se vio obligada a suspender la asistencia individual a las víctimas en 2019 debido a un aumento exponencial de la demanda que superó sus recursos. Actualmente, la organización ofrece una guía de autodefensa digital en línea, consejos para asegurar dispositivos y orientación hacia plataformas de denuncia como Point de Contact. Por su parte, #StopFisha proporciona un acompañamiento jurídico integral, desde la primera escucha hasta la colaboración con abogados especializados en casos complejos.
Laure Salmona propone la implementación de un impuesto a las grandes empresas digitales, siguiendo el principio de “quien contamina paga”. Los ingresos generados se destinarían a un fondo dedicado a la lucha contra la ciberviolencia, que incluiría el apoyo a las víctimas, la investigación independiente, la formación de profesionales y campañas de prevención. “Las plataformas ocupan una posición de cuasi-monopolio, con lógicas similares a las de cuasi-Estados en la organización del espacio público. En una lógica de responsabilidad, nos parece legítimo que estos actores asuman los costos sociales que generan”, afirma Salmona.
También se plantea la necesidad de abordar la cuestión en el ámbito educativo. Una circular de 2003 ya establece tres sesiones anuales de educación afectivo-sexual en las escuelas, pero su aplicación es poco frecuente y no incluye la dimensión digital. Salmona aboga por integrar explícitamente la ciberviolencia sexista y sexual en estos programas, impartidos por profesionales formados en la materia “desde una perspectiva feminista”.
Salmona señala una causa estructural poco discutida: los espacios y herramientas digitales que facilitan la ciberviolencia son diseñados y desarrollados mayoritariamente por hombres, a menudo con privilegios, que no experimentan las mismas realidades que los grupos más vulnerables. Como resultado, la posibilidad de que estas herramientas sean utilizadas para dañar a mujeres y minorías rara vez se anticipa o se corrige.
