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Cisco Aguilar y Aaron Ford de Nevada

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Funcionarios de Nevada demandan a la administración Trump por orden ejecutiva sobre elecciones

El Fiscal General de Nevada, Aaron Ford, y el Secretario de Estado, Cisco Aguilar, se han unido a una coalición legal para demandar a la administración de Trump en respuesta a una reciente orden ejecutiva relacionada con los procesos electorales.

Funcionarios de Nevada demandan a la administración Trump por orden ejecutiva sobre elecciones

La medida, firmada el pasado 31 de marzo, busca implementar una lista nacional de votantes elegibles verificados y restringir el voto por correo. Bajo esta orden, el Servicio Postal de los Estados Unidos solo enviaría boletas electorales a las personas incluidas en dicha lista. Asimismo, la directiva contempla la imposición de sanciones penales y la pérdida de fondos federales para aquellos funcionarios estatales y electorales que no cumplan con lo establecido.

Ford y Aguilar, junto con otros 23 fiscales generales y un gobernador, sostienen que esta acción es ilegal e inconstitucional, argumentando que los estados poseen la autoridad exclusiva sobre sus propios procesos electorales. El Fiscal General Ford calificó la orden como un “arrebato de poder” que vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos de Nevada y se sitúa por encima de la voluntad popular y el proceso democrático.

Por su parte, el Secretario Aguilar afirmó que el presidente intenta “cambiar las reglas en medio del juego”, asegurando que los votantes no merecen el caos y la confusión que busca imponer esta orden. Aguilar destacó que el 86% de los votantes en Nevada han utilizado boletas por correo, una práctica fundamental especialmente para quienes residen en condados rurales, y defendió que el estado mantiene procesos electorales seguros y accesibles.

Nevada co-lidera una coalición de 21 estados, junto con California, Massachusetts y Washington, para impugnar legalmente esta medida. Los demandantes argumentan que la orden obligaría a los estados a actuar en contra de sus propios procedimientos electorales y de sus registros de votantes.

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