Un hombre en Dublín ha obtenido autorización judicial para impugnar una multa de 125 euros impuesta por el inmovilizador de su vehículo tras estacionar en una sección de la carretera marcada con una línea blanca continua en el distrito 4 de la ciudad.
En abril, el Tribunal Superior había denegado al hombre el permiso para iniciar un proceso de revisión judicial contra la Autoridad Nacional de Transporte (NTA), basándose en el principio de que los tribunales no deben ocuparse de “asuntos triviales” y la “naturaleza puramente técnica” de sus reclamaciones.
El hombre, que se representó a sí mismo, apeló ante el Tribunal de Apelación (CoA), que, por mayoría de dos a uno, aceptó el recurso y devolvió el caso al Tribunal Superior.
En la reciente sentencia mayoritaria del CoA, la jueza Niamh Hyland, respaldada por la jueza Mary Faherty, señaló que el hombre admitió haber estacionado su coche en Beach Road, Sandymount, Dublín 4, que estaba marcada con una sola línea blanca, a las 10 de la mañana del 13 de julio de 2024.
El hombre argumentó que su coche no estaba estacionado sobre líneas amarillas dobles, no obstruía el tráfico y no había señalización que indicara que el estacionamiento estaba prohibido en ese espacio, según la jueza Hyland.
Relató que a las 10:20 de la mañana, los Servicios de Estacionamiento de Dublín (DSPS), actuando por cuenta del Ayuntamiento de Dublín, colocaron un aviso de inmovilización en su coche y, menos de cinco minutos después, lo remolcaron. Llegó justo cuando el camión de remolque se iba, pagó la tarifa de inmovilización de 125 euros y la abrazadera se retiró una vez que el coche fue retirado del camión.
Tras apelar sin éxito ante los DSPS y la NTA, solicitó al Tribunal Superior el permiso para una revisión judicial.
La jueza Hyland determinó que cinco de los seis argumentos presentados no eran admisibles o que el hombre carecía de legitimación legal para defenderlos. Estos argumentos incluían la afirmación de que el caso constituía un uso legítimo del tiempo y los recursos del tribunal y que, de lo contrario, se privaría a la NTA de la supervisión judicial de su función como regulador de las actividades de sujeción y remolque por parte de organismos públicos y privados.
Sin embargo, la jueza Hyland consideró que uno de los motivos de impugnación, el hecho de que la normativa de tráfico aplicable no se identificara en el aviso de inmovilización, era plausible. El principio de que la ley no debe ocuparse de asuntos triviales no debería impedir la concesión de permiso para una revisión judicial por este motivo, afirmó.
Existe un argumento plausible de que la ley que permite la inmovilización del vehículo del hombre en las circunstancias de este caso debería ser “clara”, añadió.
Aunque el impago de una tarifa de sujeción no es un delito, las consecuencias del impago son “indudablemente graves” porque el vehículo se retiene hasta que se paga la tarifa, lo que supone una privación significativa del uso y control de la propiedad personal, señaló.
En su opinión disidente, el juez Charles Meenan señaló que la normativa de tráfico y estacionamiento pertinente establece que un vehículo no debe estacionarse en una sección de la calzada con menos de tres carriles y donde haya una línea blanca continua. La razón es que estacionar un vehículo en tal lugar crea un peligro potencial para otros usuarios de la carretera, que, para pasar con seguridad, podrían verse obligados a cruzar la línea blanca continua hacia el carril contrario, explicó.
El demandante había argumentado que no había señalización que indicara la prohibición de estacionar en el espacio en cuestión, pero el juez Meenan afirmó que una línea blanca continua en la calzada constituye señalización. El demandado, según el juez, tenía “plenamente derecho” a remolcar el coche, ya que eliminaba un riesgo potencial para la seguridad de otros usuarios de la carretera y no correspondía al demandante decidir si estaba obstruyendo o no el tráfico.
Aunque coincidió en que el aviso debería haber sido más específico, el juez Meenan consideró que el hombre solo estaba siendo informado de algo que estaba obligado a saber como usuario de la carretera. Su opinión fue que el principio de que la ley no debe ocuparse de asuntos triviales es aplicable.
El juez Meenan argumentó que la lista de revisiones judiciales del Tribunal Superior incluye asuntos importantes y que un recurso contra una tarifa de sujeción de 125 euros no tiene cabida en dicha lista. Una tarifa de sujeción no es una multa, no hay condena, ni puntos de penalización, ni daños a la reputación. Otro factor que influyó en su opinión de que no se debía conceder el permiso fue el hecho de que los costes legales para la NTA serían “un múltiplo de 125 euros”.
