A principios de enero se conoció que Italia había multado a Cloudflare con 14 millones de euros por “incumplir la lucha antipiratería”. Ahora, la compañía ha apelado la multa, presentando el caso no solo como una disputa regulatoria, sino como una batalla por un principio fundamental: si la infraestructura básica de Internet debe estar sujeta a órdenes de bloqueo rápidas, opacas y con escasas garantías. Cloudflare no cuestiona la existencia de la piratería, sino la forma en que Italia intenta combatirla.
Según explica la compañía, Piracy Shield, el sistema italiano de bloqueo acelerado contra contenidos pirateados, permite a los titulares de derechos señalar dominios e IPs para que los proveedores bloqueen el acceso en un plazo de 30 minutos. La principal crítica reside en que el sistema, tal como se ha implementado, presenta tres problemas estructurales: poca o nula supervisión judicial previa, falta de transparencia sobre quién solicita cada bloqueo y por qué, y la ausencia de mecanismos eficaces para corregir errores que afecten a terceros inocentes. Estas preocupaciones son compartidas por la Asociación de la Industria Informática y de las Comunicaciones en Europa (CCIA) y, posteriormente, por la propia Comisión Europea, que solicitó aclaraciones a Italia sobre su compatibilidad con la Ley de Servicios Digitales (DSA) y el riesgo de sobrebloqueo.
El problema de Piracy Shield se replica en España: el bloqueo de IPs de Cloudflare afecta a miles de clientes
Con Piracy Shield, en Italia, se busca bloquear cualquier IP en un plazo de 30 minutos. Esto supone un problema significativo, especialmente al carecer de supervisión judicial, al no existir claridad sobre la identidad de quien solicita el bloqueo, y al riesgo de que este afecte a miles de clientes, servicios, páginas web, servidores y aplicaciones que comparten la misma IP del servidor bloqueado.
Bloquear IPs en Internet equivale a cortar la electricidad a todo un edificio por la acción de un solo vecino. El concepto es el mismo: muchas webs y servicios comparten infraestructura, por lo que un bloqueo dirigido a un objetivo específico puede afectar también a servicios legítimos. Cloudflare recuerda que, en algunos casos, incluso se ha llegado a interrumpir el acceso a servicios como Google Drive en Italia.
Un estudio académico de la Universidad de Twente y colaboradores reforzó estas críticas con datos impactantes. Identificaron 510 webs activas no relacionadas con el streaming afectadas colateralmente, y estimaron que 7.742 FQDN (nombres de dominio) sufrieron un bloqueo colateral entre febrero de 2024 y junio de 2025, permaneciendo afectados durante un promedio de 320 días. Esto demuestra un daño colateral persistente, más allá de una simple objeción filosófica.
Cloudflare insiste en que su postura no equivale a “defender la piratería y a los piratas”. De hecho, en su informe de transparencia del primer trimestre de 2025, la compañía afirmó estar colaborando con grandes titulares de derechos para combatir el streaming no autorizado, a través de APIs de reporte, validación interna de avisos y medidas más precisas y escalables. Su argumento es que existen formas de actuar contra el abuso sin comprometer la arquitectura de Internet, algo que, según Cloudflare, el enfoque italiano sí hace: un mecanismo de bloqueo masivo, poco refinado y jurídicamente cuestionable.
Italia contraviene los principios europeos y la multa a Cloudflare carece de lógica
En términos legales, Piracy Shield choca con la DSA y con los principios europeos de proporcionalidad, tutela efectiva y libertad de información. La Comisión Europea recordó en 2025 que la DSA no otorga a las autoridades nacionales la base jurídica para emitir este tipo de órdenes, y que la recomendación comunitaria de 2023 contra la piratería insistía en la necesidad de incorporar salvaguardas para proteger los derechos fundamentales y cumplir con el Derecho de la Unión Europea. Cloudflare vincula su apelación con un debate europeo sobre los límites del bloqueo de infraestructura en nombre del copyright, un debate que, según la compañía, no se cumple en España.
Cloudflare afirma que la Autoridad de Comunicaciones Italiana (AGCOM) le impuso una sanción de 14 millones de euros por negarse a registrarse y cooperar con Piracy Shield. Fuentes externas confirmaron en enero de 2026 que el regulador anunció efectivamente la multa por incumplir la normativa antipiratería. Cloudflare argumenta que, aplicando la multa a sus ingresos italianos, el límite legal debería haber sido de alrededor de 140.000 euros, ya que AGCOM realizó el cálculo basándose en los ingresos globales de la compañía.
De esta forma, Cloudflare ha apelado la multa y ha convertido el caso en un referente europeo sobre censura infraestructural, proporcionalidad y neutralidad de red, buscando presionar a los reguladores y a la opinión pública con una idea clara: cuando el remedio contra la piratería se diseña sin transparencia ni precisión técnica, deja de ser una medida quirúrgica para convertirse en un arma de bloqueo indiscriminado. El respaldo que encuentran sus críticas en documentos de la CCIA, observaciones de la Comisión Europea y el estudio académico sobre daños colaterales, refuerzan su posición.
“Continuaremos presentando esta demanda ante los tribunales italianos y a través de la Comisión Europea. La conectividad global es demasiado importante como para estar regida por sistemas opacos con plazos de 30 minutos que provocan bloqueos generalizados sin posibilidad de recurso.
Cloudflare mantiene su compromiso de construir una internet mejor: una donde las normas sean transparentes, los reguladores rindan cuentas y la infraestructura que conecta al mundo siga siendo libre, abierta y segura”.
