El Concejo Municipal de Columbus presentó el martes un paquete legislativo destinado a limitar la cooperación local con las autoridades federales de inmigración, argumentando la necesidad de proteger a trabajadores y familias de tácticas de aplicación de la ley consideradas “extremas”.
Las propuestas, introducidas durante una audiencia pública el 17 de febrero, prohibirían a la policía de la ciudad celebrar acuerdos de aplicación de la ley con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y prohibirían a los agentes federales utilizar los garajes o estacionamientos de propiedad de la ciudad para llevar a cabo operaciones.
La concejal Lourdes Barroso de Padilla, coanfitriona de la audiencia, explicó que esta medida busca definir los límites del gobierno local.
“Los recursos locales existen para servir a los residentes locales, no para promover acciones federales de aplicación de la ley sin control”, afirmó Barroso de Padilla. “No podemos ignorar la ley o la política federal, pero sí podemos decidir cómo nuestra ciudad interactúa con ellas”.
El paquete legislativo incluye las siguientes restricciones:
- Restricciones de propiedad: Se prohibiría a ICE el acceso a garajes de estacionamiento no públicos sin una orden judicial, y la ciudad requeriría señalización en ciertos sitios públicos para notificar a los agentes de la prohibición.
- Normas de empleo: Se prohibiría a los empleados de la ciudad tener un empleo secundario con ICE o la Aduana y Protección Fronteriza de EE. UU.
- Zonificación y seguridad: La ciudad crearía un nuevo requisito de permiso de uso especial para los centros de detención y establecería una falta de primer grado por “comportamiento de acoso, acecho u obstrucción” en escuelas y guarderías.
Esta propuesta sigue a iniciativas similares en ciudades como Filadelfia, Minneapolis y Baltimore para frenar la injerencia federal. El presidente del Concejo, Shannon G. Hardin, enfatizó que el clima de temor creado por la reciente aplicación de la ley afecta la estabilidad de toda la comunidad.
“Cuando las familias viven con miedo, cuando los trabajadores son blanco y cuando los niños tienen miedo de ir a la escuela, no solo estamos fallando a un grupo, sino que nos estamos fallando a nosotros mismos”, dijo Hardin.
El consejo también está considerando una resolución de la Comisión de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados de la ciudad. La resolución exige que los agentes federales se identifiquen con placas de identificación, se abstengan de usar cubiertas faciales para ocultar sus identidades y cumplan con estándares de capacitación equivalentes a la certificación policial de Ohio.
El presidente Pro Tempore Rob Dorans señaló que, si bien la ciudad no puede controlar a los agentes federales, sí puede controlar el entorno local.
“Tenemos la capacidad de abordar dónde pueden establecer operaciones, dónde se pueden construir sus instalaciones y cómo creamos herramientas para ayudar a nuestro abogado de la ciudad a procesar conductas ilegales”, afirmó Dorans.
La audiencia incluyó testimonios de la División de Policía de Columbus, la Alianza de Inmigración de Ohio, CAIR-Ohio y Servicios de Refugiados e Inmigración de la Comunidad (CRIS).
Se espera que el consejo vote sobre varias de las ordenanzas a más tardar el 23 de febrero.
