Un comprador en Singapur retiró su demanda contra la agencia inmobiliaria ERA Realty, uno de sus agentes y un bufete de abogados, relacionada con presuntas tergiversaciones y negligencia vinculadas a una transacción inmobiliaria conocida como “99-1”.
Lim Yuan Zhang había presentado la demanda ante los Tribunales de Estado de Singapur en mayo de 2025, buscando una indemnización de 180.945 dólares singapurenes (S$), correspondiente al monto adicional de impuestos y recargos que las autoridades fiscales le exigieron pagar por evadir el impuesto de timbre correspondiente a la compra de un condominio.
Lim alegó que el agente inmobiliario, Jeremy Chan, le propuso la estructura “99-1” durante la adquisición de una unidad nueva en el condominio Normanton Park, con un arrendamiento de 99 años. Este acuerdo permitiría a su padre adquirir el 1% de la propiedad y asumir un préstamo conjunto para financiar la compra, reduciendo así el monto total del Impuesto Adicional sobre Compradores (ABSD) a pagar por ser propietario de una segunda propiedad.
Lim afirmó que Chan tergiversó la legalidad de las transacciones “99-1”, presentándolas como un “método comúnmente utilizado y a prueba de fallos” para reducir el ABSD al comprar una propiedad.
También argumentó que el bufete de abogados especializado en transacciones inmobiliarias, Anthony Law Corporation (ALC), no lo asesoró ni lo advirtió adecuadamente sobre los riesgos legales asociados con el acuerdo “99-1”, y procedió con la transacción a pesar de estos riesgos.
Lim consideró que ALC actuó con negligencia profesional y violó sus deberes contractuales y fiduciarios. Afirmó que, de haber recibido un asesoramiento adecuado, no habría seguido adelante con el acuerdo.
ALC fue una de las tres firmas penalizadas por el Ministerio de Justicia en agosto de 2025 por infracciones de las normas contra el lavado de dinero en la compra de propiedades vinculadas al caso de lavado de dinero de 3.000 millones de dólares singapurenes. La firma fue multada con 100.000 dólares singapurenes y el jefe de su departamento de transacciones, Tan Chau Chuang, fue remitido a la Sociedad de Abogados.
En su demanda, presentada inicialmente en mayo de 2025, Lim alegó que el agente, Chan, supuestamente había obtenido autorización legal para respaldar la transacción “99-1” y se comprometería a “guiar y supervisar” su ejecución. Convencido por las declaraciones de Chan, Lim pagó 49.250 dólares singapurenes por una opción de compra de la unidad de 985.000 dólares singapurenes el 18 de noviembre de 2021.
El padre de Lim adquirió una participación del 1% en la propiedad el 26 de enero de 2022, completando la transacción “99-1”.
En diciembre de 2024, Iras (la autoridad fiscal de Singapur) ordenó a Lim y a su padre pagar 246.744 dólares singapurenes, de los cuales 164.496 dólares singapurenes correspondían al ABSD y un recargo de 82.248 dólares singapurenes. El recargo se redujo posteriormente a 16.449 dólares singapurenes tras la apelación de Lim ante Iras, lo que elevó el monto total a 180.945 dólares singapurenes.
En la demanda, Lim sugirió que las declaraciones de Chan eran fraudulentas, ya sea porque sabía que eran falsas o porque era “imprudente” con la verdad para obtener beneficios de la compra de la propiedad a través de comisiones del promotor o del bufete de abogados.
Además, Lim afirmó que la agencia inmobiliaria era responsable de la formación de Chan como agente inmobiliario, incluyendo el conocimiento adecuado de las leyes y regulaciones pertinentes. Añadió que ERA no supervisó a su agente de ventas y se beneficiaría sustancialmente de la transacción a través de comisiones y actividad comercial.
Defensa
En su defensa, Chan y ERA negaron haber ofrecido asesoramiento legal o fiscal para la compra de la propiedad. Afirmaron que eran los agentes inmobiliarios designados por el promotor de la propiedad, no por Lim.
Incluso si Chan tuviera un deber de cuidado con Lim, lo cual negaba, este no se habría incumplido, ya que Chan no estaba cualificado ni se esperaba que asesorara sobre la legalidad de los acuerdos ABSD. En cambio, argumentó que el deber de cuidado recaía en ALC, el abogado designado por Lim.
Chan añadió que cualquier declaración realizada se basó en materiales proporcionados durante las sesiones de formación del bufete de abogados, incluyendo cómo la estructura “99-1” podría ayudar a minimizar los pagos del ABSD.
De manera similar, ERA afirmó que no fue contratada para realizar ningún trabajo de agencia inmobiliaria para Lim, ya sea en la compra de la propiedad o en el acuerdo “99-1”, ni recibió ninguna comisión de él.
En cualquier caso, ERA señaló que cualquier pérdida o daño fue sufrido por el padre de Lim y no por él mismo. Incluso si se determinara que había incumplido el deber de cuidado, cualquier pérdida recuperable debería limitarse a la penalización de 16.449 dólares singapurenes, no al monto total de 180.945 dólares singapurenes.
También describió a Chan como un contratista independiente, no como un empleado, y afirmó que no debería ser “responsable indirectamente” de sus acciones.
No obstante, la agencia afirmó tener sistemas, formación y supervisión adecuados para sus agentes de ventas, que debían cumplir con los códigos profesionales y no participar en acuerdos ilegales.
Mientras tanto, ALC argumentó que se le pidió que se encargara únicamente de los servicios de transmisión de la estructura “99-1”, no de emitir una opinión sobre su legalidad.
La firma también alegó que no conocía la identidad de Lim ni sus planes para la transacción “99-1” cuando el agente realizó las consultas preliminares, ni tampoco la respaldó.
Durante su primera y única reunión en persona, la firma declaró que, como parte de su práctica habitual, había llamado la atención de Lim sobre los amplios poderes de Iras en virtud de la Ley de Impuestos de Timbre, incluida su autoridad para ignorar tales transacciones e imponer recargos.
Además, argumentó que fue contratada únicamente para proporcionar servicios de transmisión para la transferencia de la participación del 1% de la propiedad de Lim a su padre, y que Lim estaba representado por separado por otro bufete de abogados, Acclaim Law.
“En ningún momento Lim solicitó el asesoramiento de la firma sobre la legalidad de la estructura… (ni) en ningún caso, respaldó dicha estructura”, afirmó.
Los registros judiciales mostraron que Lim retiró la demanda contra ERA, Chan y ALC en noviembre, y cada parte corrió con sus propios costos.
El caso es el último de una serie de demandas que involucran a agentes inmobiliarios por supuestos acuerdos de venta para que los compradores eviten pagar más ABSD. Recientemente, en noviembre, una pareja demandó a una subsidiaria de PropNex, junto con su agente de ventas y ALC, por una presunta violación del deber relacionada con otra transacción inmobiliaria “99-1”. Ese fue el tercer caso reportado de PropNex que involucra transacciones “99-1”.
El primer caso reportado, en el que la agencia fue demandada por aproximadamente 1,2 millones de dólares singapurenes en enero de 2025, fue retirado el 2 de enero de 2026. Una segunda demanda presentada contra ella en febrero de 2025 fue retirada en octubre, según reveló PropNex en un comunicado de presentación ante la bolsa.
ALC es una de las tres firmas de abogados señaladas por MinLaw para ser penalizadas por su participación en la transmisión de propiedades inmobiliarias incautadas en el caso de lavado de dinero de 3.000 millones de dólares singapurenes de 2023. En una declaración en agosto, MinLaw dijo que ALC había actuado en nombre de nueve clientes para transmitir 25 propiedades valoradas en alrededor de 135 millones de dólares singapurenes en total.
Entre otras infracciones, MinLaw dijo entonces que la firma “no corroboró ni verificó las explicaciones de los clientes sobre por qué las transacciones estaban siendo financiadas por terceros aparentemente no relacionados, a pesar de que estas eran señales de alerta”.
ALC también continuó llevando a cabo transacciones para algunos de estos clientes a pesar de presentar Informes de Transacciones Sospechosas en su contra.
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