Funcionarios de Virginia Occidental buscan revertir mandato judicial sobre escuelas chárter
Representantes legales del sistema de escuelas chárter de Virginia Occidental están impugnando la decisión de una jueza de circuito que ordenó un mandato judicial permanente sobre la manera en que se autorizan estas instituciones educativas.
La Oficina del Fiscal General de Virginia Occidental lidera el proceso de apelación y presentó recientemente un escrito de 51 páginas. En el documento, los abogados argumentan que el tribunal de circuito excedió su autoridad al dictar remedios legislativos y bloquear indebidamente la expansión del programa de escuelas chárter.
Según el escrito, el mandato judicial no puede sostenerse ya que «usurpa la prerrogativa remedial de la Legislatura, excede la autoridad territorial del tribunal y aplica la ley de manera internamente inconsistente».
Esta disputa legal se originó a finales del año pasado, cuando la jueza Jennifer Bailey, del Circuito de Kanawha, emitió la orden permanente. El desafío se fundamenta en una sección de la Constitución estatal que establece que no se podrá crear ningún distrito escolar gratuito e independiente, ni organización similar, sin el consentimiento de la mayoría de los votantes de los distritos involucrados.
La demanda, presentada en 2021 por Sam Brunett, del condado de Marion, y Robert McCloud, del condado de Kanawha, sostenía que la Junta Profesional de Escuelas Chárter del estado creó estos centros sin el consentimiento electoral requerido constitucionalmente.
En respuesta, los abogados de los funcionarios estatales sostienen que dicha disposición, incluida en la Constitución de 1872, fue redactada para regular los esfuerzos de remodelación de los distritos escolares existentes, y no para limitar la creación de nuevas escuelas públicas que operen de forma paralela a las líneas distritales actuales.
En su orden de 39 páginas archivada el 3 de diciembre, la jueza Bailey señaló que la ley HB 2012 fue diseñada para que las escuelas chárter fueran lo más independientes posible para evadir la supervisión y autorización de las juntas escolares del condado. Por ello, concluyó que dicha ley viola el artículo 12, sección 10 de la Constitución de Virginia Occidental.
Actualmente, la jueza ha prohibido a la Junta Profesional de Escuelas Chárter aprobar nuevos centros sin el consentimiento de los votantes, aunque esta medida no afecta a las ocho escuelas que ya se encuentran operando. Sin embargo, Bailey advirtió que, de no tomarse acciones legislativas o ejecutivas, podría emitir un nuevo mandato para impedir que esas ocho escuelas continúen funcionando sin la aprobación ciudadana.
