El crimen organizado se ha consolidado como una economía paralela con un impacto significativo a nivel global, generando ingresos, empleo y flujo de capitales. Según el Global Peace Index 2024 del Institute for Economics & Peace, el costo económico de la violencia a nivel mundial asciende a 19.97 billones de dólares, lo que representa el 11.6% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Si bien esta cifra no se limita al narcotráfico, sí ilustra la magnitud de la economía asociada a actividades criminales.
A modo de comparación, la fortuna personal de Elon Musk, según datos de Forbes, se estima en 841 mil millones de dólares. Esto significa que el impacto económico anual de la violencia a nivel global es aproximadamente 23.75 veces superior a la riqueza del individuo más acaudalado del mundo.
En el ámbito del crimen organizado transnacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que el lavado de dinero representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, equivalente a una suma anual de entre 800 mil millones y 2 billones de dólares. Esta cantidad no es insignificante, sino que se asemeja al PIB de economías medianas del G20.
A nivel regional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han calculado que la violencia le cuesta a América Latina alrededor del 3.4% de su PIB. Esta no es una consecuencia indirecta, sino una estructura económica arraigada en el sistema productivo.
El crimen organizado también genera empleo. Un estudio publicado en la revista Science en 2023 estimó que los cárteles en México empleaban a aproximadamente 175,000 personas, posicionándolos entre los mayores empleadores del país. Investigaciones periodísticas han revelado detalles de la “narconómina” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con pagos mensuales de 25 mil pesos a comandantes, 20 mil a sicarios y 12 mil a halcones, además de cubrir gastos operativos.
La pregunta central no es de índole moral, sino económica: ¿puede el Estado competir con el crimen organizado en términos de ingresos, estabilidad y oportunidades? Ante esta realidad, la estrategia no puede limitarse a la aplicación de la fuerza pública, sino que debe abordar la disputa por el mercado laboral.
Recientemente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha propuesto alternativas como programas de primer empleo, incentivos fiscales para la contratación formal, medidas para reducir la informalidad, apoyos a micro y pequeñas empresas, así como el aumento de salarios y la reducción de jornadas laborales. La lógica subyacente es que, si el crimen organizado atrae a individuos por los ingresos, el empleo y la movilidad que ofrece –aunque sea de forma violenta y temporal–, el Estado debe competir en el mismo terreno, no solo en el ámbito policial.
Despojar al crimen organizado de su papel como agente económico dominante requiere ofrecer ingresos legales suficientes, educación de calidad y perspectivas de ascenso social. El desafío fundamental no es la disponibilidad de recursos, sino la voluntad política para disputar un mercado que, en muchas regiones del país, está actualmente controlado por la economía criminal.
Es crucial recordar que el motor del narcotráfico es la demanda y la capacidad de adquirir los productos ilícitos.
