El Tribunal Supremo Popular de Cuba ha condenado a cadena perpetua al exviceministro Alejandro Gil Fernández por espionaje. La sentencia incluye además 20 años adicionales de prisión por delitos de malversación, cohecho, evasión fiscal y lavado de activos.
Según el portal 14 y medio, dirigido por Yoani Sánchez, la caída en desgracia de Gil es sin precedentes en la historia reciente de la dictadura cubana. Gil, cercano a Miguel Díaz-Canel y miembro del buró político del Partido Comunista, fue destituido de sus cargos en febrero de 2024, tras lo cual se inició un proceso judicial en su contra por presuntos “errores graves”.
La acusación de espionaje surgió meses después, cuando la fiscalía formalizó la acusación. El Tribunal Supremo Popular afirmó que Gil sustrajo información clasificada y la entregó “al servicio del enemigo”, identificado como Estados Unidos. Se le acusa de haber filtrado información sensible sobre la relación estratégica entre La Habana y Caracas.
De acuerdo con el informe del fiscal, citado por el portal de Yoani Sánchez, Gil habría filtrado transacciones económicas bilaterales, acuerdos petroleros, esquemas de triangulación y detalles sobre el apoyo cubano en materia de ciberseguridad y contraespionaje. Esta información, según se alega, revela aspectos de la relación entre Venezuela y Cuba.
La acusación también sostiene que Alejandro Gil Fernández, quien se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores en 2022, proporcionó datos personales de Maduro, su familia, su residencia y sus activos, tanto dentro como fuera de Venezuela. Asimismo, habría entregado información sobre el anillo de seguridad compuesto por militares cubanos asignados al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 32 de los cuales fallecieron el 3 de enero durante la operación “Resolución Absoluta” llevada a cabo por Estados Unidos para la captura del mandatario venezolano y su esposa.
La ratificación de la condena contra el exviceministro cubano se produjo poco después del ataque militar de Estados Unidos y de las declaraciones de la administración de Donald Trump sobre la posibilidad de tomar medidas contra Cuba, como el bloqueo del suministro petrolero proveniente de Venezuela.
El portal 14 y medio señala que, a pesar de que Gil estaba siendo investigado por la seguridad del Estado desde 2020, se le encomendaron tareas de importancia estratégica en años posteriores, lo que plantea interrogantes sobre las verdaderas razones de su destitución y la validez de las pruebas presentadas en su contra. Esta situación, según se indica, no es ajena a la realidad venezolana, donde la “justicia revolucionaria” suele ser más severa con aquellos que alguna vez formaron parte del poder.
