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Demanda: Rady Children’s por suspender atención a menores trans

by Editora de Salud

Cuatro familias del área de San Diego alegan que Rady Children’s Health violó los derechos civiles de sus hijos transgénero al decidir suspender la atención de afirmación de género, según una demanda colectiva presentada el jueves.

La denuncia, presentada en el Tribunal Superior del Condado de San Diego, acusa al sistema de salud regional de discriminar a los niños transgénero en violación de múltiples leyes estatales. Afirma que los aproximadamente 1.900 pacientes de la clínica de género de Rady sufrieron daños por la cancelación de citas, la imposibilidad de acceder a medicamentos como la terapia hormonal y la angustia emocional causada por la decisión del hospital.

“Al señalar a los pacientes transgénero y terminar su atención médicamente necesaria sin consentimiento ni preocupación por su salud física y mental, los demandados han discriminado a los demandantes por motivos de sexo, identidad de género y discapacidad”, afirma la denuncia.

Los representantes de Rady no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. El sistema de salud aún no ha presentado una respuesta ante el tribunal.

A fines de enero, Rady Children’s Health, que opera hospitales en los condados de San Diego, Orange e Imperial, dijo que ya no proporcionaría atención de afirmación de género para menores debido a “acciones federales recientes”. La administración Trump ha caracterizado los procedimientos de atención de la salud transgénero como “mutilación química y quirúrgica” y ha dirigido a las agencias federales a eliminar la financiación de cualquier programa de apoyo.

Investigadores federales han emitido citaciones a clínicas y hospitales de todo el país, incluido Rady Children’s Health. La administración Trump también está promoviendo un cambio de norma que eliminaría la financiación federal para los hospitales que brinden atención de salud transgénero a menores, creando efectivamente una prohibición nacional casi total de los servicios.

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El fiscal general Rob Bonta demandó a Rady en febrero en virtud de una disposición del código de corporaciones del estado, alegando que el sistema de salud había violado un acuerdo de fusión que requería que mantuviera los servicios existentes, incluida la atención de afirmación de género. Un juez emitió una orden de restricción temporal que prohíbe a Rady suspender los servicios. Ese litigio está en curso.

Sin embargo, los defensores de los derechos LGBTQ en todo el estado criticaron a Bonta por no presentar cargos por violación de derechos civiles contra Rady. La ley de California prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y define los servicios de afirmación de género, que pueden incluir terapia, tratamiento hormonal y cirugía, como “atención médica médicamente necesaria”.

Otras instituciones médicas en California ya han terminado o limitado la atención de afirmación de género para menores, citando la presión federal. Los defensores habían esperado que la intervención legal del estado tuviera un impacto más amplio en estos hospitales.

Esta demanda tiene como objetivo ayudar a los pacientes de la clínica de género de Rady, así como enviar un mensaje a otros proveedores de atención médica infantil, dijo Shannon Minter, director legal del National Center for LGBTQ Rights, que representa a los demandantes.

“No podemos simplemente quedarnos callados y pasivamente mientras los hospitales, en particular, toman decisiones de excluir a todo un grupo de personas solo por quienes son. Eso sienta un precedente tan peligroso”, dijo Minter.

Las principales sociedades médicas del país, incluida la American Medical Association y la American Academy of Pediatrics, y docenas de estudios científicos independientes reconocen la disforia de género como una afección médica grave que requiere tratamiento.

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Con el apoyo de la California Health Care Foundation (CHCF), que trabaja para garantizar que las personas tengan acceso a la atención que necesitan, cuando la necesitan, a un precio que puedan pagar. Visite www.chcf.org para obtener más información.

Este artículo fue publicado originalmente en CalMatters y se republicó bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives.

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