Un tribunal federal de apelaciones dividido ratificó este viernes la política de la administración Trump de mantener en detención obligatoria, sin posibilidad de fianza, a las personas arrestadas en sus operativos de control migratorio.
La decisión, tomada por un panel conservador de 2 a 1 del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, representa la primera vez que un tribunal de apelaciones respalda esta política, a pesar de que cientos de jueces de primera instancia a nivel nacional la han declarado ilegal.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la decisión en redes sociales, calificándola como un “duro golpe contra los jueces activistas que han saboteado nuestros esfuerzos para hacer de Estados Unidos un país más seguro”.
Se espera que este fallo afecte a miles de personas, ya que la jurisdicción del tribunal abarca los estados de Texas y Louisiana, que albergan numerosos centros de detención y la mayor cantidad de inmigrantes detenidos.
Otros tribunales de apelaciones se pronunciarán sobre el tema en las próximas semanas, y es posible que el Tribunal Supremo de Estados Unidos deba resolver finalmente la controversia.
Según la ley federal de inmigración, los “solicitantes de admisión” a los Estados Unidos están sujetos a detención obligatoria mientras sus casos se tramitan ante los tribunales de inmigración y no tienen derecho a una audiencia de fianza.
Rompiendo con una interpretación tradicional de la ley, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos adoptó el año pasado la postura de que los extranjeros que ya residen en el país, y no solo aquellos que llegan a un puerto de entrada en la frontera, califican como solicitantes de admisión.
La Junta de Apelaciones de Inmigración, que forma parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, emitió una decisión en septiembre que adoptó esta interpretación, lo que llevó a los jueces de inmigración a nivel nacional, empleados por el departamento, a ordenar la detención.
Una avalancha de demandas siguió, presentadas por personas que argumentaban que habían sido detenidas injustamente. Entre los demandantes se encontraban los nacionales mexicanos Víctor Buenrostro-Méndez y José Padron Covarrubias, quienes habían convencido a jueces de primera instancia de que se les había negado injustamente una audiencia de fianza.
Sin embargo, la jueza del circuito Edith Jones afirmó que la reinterpretación de la Ley de Reforma y Responsabilidad de la Inmigración Ilegal de 1996 por parte de la administración era correcta.
“El texto dice lo que dice, independientemente de las decisiones de administraciones anteriores”, escribió en su opinión para la mayoría del panel, que incluía a dos jueces nombrados por presidentes republicanos.
La jueza del circuito Dana Douglas, nombrada por el presidente demócrata Joe Biden, se opuso a la decisión, argumentando que el Congreso que aprobó la ley de 1996 “se sorprendería al saber que también había exigido la detención sin fianza de dos millones de personas”.
