Representantes de los sectores farmacéutico y de la construcción han manifestado una creciente preocupación por el aumento de la deuda del Estado con sus proveedores. Los atrasos en los pagos ya superan los cientos de millones de dólares, y se advierte que esta situación podría afectar tanto el abastecimiento de medicamentos como el desarrollo de obras públicas si no se ajusta la política fiscal y el presupuesto nacional.
Rocío Figueroa, vocera de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (CRIPFA), informó que la deuda del Estado con el sector farmacéutico asciende actualmente a unos US$ 775 millones y continúa incrementándose mensualmente.
Figueroa explicó que este aumento está relacionado con el crecimiento de los servicios de salud en el país, impulsado por la construcción de nuevos hospitales, un mayor número de consultas médicas y un incremento en los diagnósticos de enfermedades que requieren tratamiento.
Según señaló, la ampliación del sistema sanitario –incluyendo hospitales como el de Coronel Oviedo y el Hospital del Sur– ha generado una mayor demanda de medicamentos, pero el presupuesto destinado a salud no ha crecido al mismo ritmo. “Se amplió la compra de medicamentos, pero lo que se paga se mantuvo. Tenemos prácticamente un presupuesto que es la mitad de lo que se gasta”, afirmó.
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Otro factor que impacta en el presupuesto sanitario son los amparos judiciales presentados para tratamientos médicos, especialmente en enfermedades graves como el cáncer. Estos recursos se utilizan cuando el sistema público no dispone de los medicamentos necesarios para tratamientos avanzados, obligando a los jueces a ordenar al Ministerio de Salud a realizar compras urgentes.
De acuerdo con datos del sector, el gasto anual en amparos ronda los US$ 120 millones, mientras que el presupuesto asignado para este rubro es de apenas US$ 20 millones. Se advierte incluso que el presupuesto de amparos podría haberse agotado entre enero y febrero de este año, lo que agravaría la situación financiera del sistema.
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Desde el sector de la construcción también se ha expresado preocupación por los retrasos en los pagos del Estado. Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), indicó que la deuda con las empresas constructoras asciende a unos US$ 360 millones, principalmente en obras del Ministerio de Obras Públicas.
Sarubbi explicó que el problema se ha agravado debido a la reducción del presupuesto destinado a infraestructura, en contraste con la continuación de las licitaciones y los compromisos contractuales. “El país quiere mostrar seriedad fiscal y mantener el grado de inversión, pero al mismo tiempo estamos entrando en un default interno, porque no se están cumpliendo los contratos con los proveedores”, afirmó.
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Ambos sectores coinciden en que el Gobierno debe adecuar el presupuesto a la demanda real de servicios y obras, o bien limitar las licitaciones a proyectos que puedan ser financiados. Empresarios insisten en que la previsibilidad y el cumplimiento de los contratos son fundamentales para mantener la seguridad jurídica y la confianza en la economía paraguaya.
