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- Estas medidas buscan fortalecer la vigilancia al departamento y garantizar protecciones a los derechos fundamentales de la Primera y Cuarta Enmiendas
- El Congreso debería también retirar el financiamiento discrecional que otorgó al DHS.
Este es un extracto de un artículo publicado originalmente por Just Security.
Existen varias reformas sensatas que el Congreso puede considerar al evaluar el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), además de las propuestas presentadas por los líderes demócratas de la Cámara y el Senado, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer.
Estas medidas tienen como objetivo reforzar la supervisión del departamento, garantizar la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Primera y Cuarta Enmienda, prevenir acciones violentas e inconstitucionales por parte de agentes federales y asegurar la rendición de cuentas en caso de excesos. Si bien no se trata de una lista exhaustiva, estas propuestas ofrecen un nivel de supervisión y protección que actualmente resulta insuficiente. El Congreso también debería reconsiderar el financiamiento discrecional que otorgó al DHS.
Restablecer y fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas
A pesar de haber recibido una financiación récord para la aplicación de las leyes de inmigración, el DHS ha desmantelado sus propias oficinas de supervisión. La Oficina para los Derechos y Libertades Civiles (CRCL), la Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos y la Oficina del Defensor del Servicio de Ciudadanía e Inmigración ya no ejercen adecuadamente sus funciones de supervisión, como resultado de un recorte drástico de personal.
El DHS redujo significativamente el número de empleados dedicados a recibir y procesar cientos de quejas anuales sobre abusos a los derechos civiles y las condiciones en los centros de detención, así como problemas relacionados con las solicitudes de cambio de estatus migratorio. Este personal investigaba las quejas y, en algunos casos, implementaba cambios inmediatos. El Congreso debería exigir a la administración que reincorpore a estos funcionarios en su totalidad.
Además, como ha señalado el Brennan Center, el Congreso debería fortalecer sustancialmente la influencia y las funciones de supervisión de la CRCL, incluso mediante la codificación expresa de sus facultades, la exigencia de informes anuales públicos y la expansión y financiación de programas para contratar y retener personal con experiencia tecnológica. El Congreso también debe condicionar explícitamente el financiamiento del DHS al cumplimiento de las obligaciones de supervisión y transparencia por parte del departamento y sus componentes.
Asimismo, el Congreso debe fortalecer los recursos legales disponibles para el público frente a los abusos cometidos por agentes federales, incluyendo la aprobación de una ley que permita a las personas demandar a los funcionarios federales en los tribunales federales por violaciones a sus derechos constitucionales.
Una opción sería que el Congreso apruebe la Ley Bivens, que permitiría a los individuos ser indemnizados por daños y perjuicios causados por violaciones constitucionales cometidas por funcionarios federales, incluyendo los del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Como recomendó Samantha Trepel, esta propuesta podría cerrar una brecha existente en el código 42 U.S.C § 1983 y proporcionar recursos a las víctimas, independientemente de si el daño es perpetrado por un funcionario local, estatal o federal.
Prevenir la recolección de datos de los manifestantes
ICE está invirtiendo millones de dólares en herramientas para rastrear y recopilar información sobre ciudadanos estadounidenses que ejercen su derecho constitucionalmente protegido a observar a los funcionarios federales y protestar contra las políticas gubernamentales. Estas tecnologías de recolección de datos también se utilizan para perseguir a los inmigrantes con el objetivo de alcanzar las metas de deportación masiva de la administración. Estas herramientas parecen reforzar los esfuerzos de la administración por calificar a los manifestantes legítimos e incluso a las víctimas de violencia a manos de agentes federales como “terroristas internos”.
Existe poca información pública sobre las tecnologías más invasivas, como una aplicación de reconocimiento facial en tiempo real que se está utilizando para escanear a personas en la calle sin su consentimiento y determinar si son ciudadanos. Este proceso a menudo no es preciso. Las capacidades de reconocimiento facial también se están utilizando para recopilar información sobre observadores y manifestantes, muchos de los cuales son ciudadanos, también sin su consentimiento.
Además de las profundas implicaciones para la privacidad, estos usos violan la política que el departamento emitió en 2023. Sin embargo, como observó la Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles (PCLOB), la política ha sido eliminada del portal del DHS sin indicar si sigue en vigor, junto con otras políticas. Esto socava la capacidad del Congreso, de otras agencias de supervisión y del público en general para “saber qué está permitido y qué no”.
Como mínimo, el Congreso debería prohibir a ICE y CBP el uso de sus fondos para comprar, implementar o reutilizar tecnologías de recopilación o mantenimiento de información sobre personas que ejercen actividades protegidas por la Primera Enmienda, como observar o grabar a agentes federales o protestar contra las políticas gubernamentales. De hecho, la Ley de Privacidad ya prohíbe esta práctica. El Congreso también debería exigir que el Departamento publique información completa y de fácil acceso sobre todas las tecnologías que utiliza para apoyar la aplicación de las leyes de inmigración y para enfocar sus esfuerzos en los manifestantes.
Reformas de la Cuarta Enmienda
En un memorándum interno publicado a través de un informe de un informante, el director en funciones de ICE indicó a los oficiales que tenían permitido ingresar a viviendas para realizar detenciones migratorias sin una orden judicial. Según el memorándum, los oficiales pueden basarse en un documento al que el DHS se refiere como una “orden administrativa”. Sin embargo, este documento no es una orden judicial. Es simplemente un documento emitido por el propio DHS, la misma agencia que actúa como policía y fiscal.
Permitir el ingreso a viviendas sin supervisión judicial no solo se desvía de la política de larga data del DHS, sino que también viola los derechos fundamentales de la Cuarta Enmienda que protegen tanto a los ciudadanos como a los no ciudadanos en los Estados Unidos.
Tradicionalmente, se ha reconocido que, según la Cuarta Enmienda, las fuerzas del orden deben contar generalmente con una orden judicial para ingresar a una vivienda, a menos que exista consentimiento o circunstancias excepcionales. Una orden judicial no es simplemente un requisito constitucional; sirve como una importante salvaguarda para el hogar. La revisión de los hechos por un magistrado independiente ayuda a garantizar que los oficiales no ingresen a las casas equivocadas (como ocurrió recientemente con oficiales de inmigración en Portland y Minnesota) o que ingresen por motivos incorrectos.
Los recientes patrones de comportamiento ilegal y las agresivas tácticas de cumplimiento de la ley por parte de ICE demuestran claramente la necesidad de contrapesos judiciales sobre las fuerzas policiales.
En cumplimiento de la Cuarta Enmienda, el Congreso debería prohibir que ICE ingrese a los hogares mediante órdenes administrativas emitidas por la rama ejecutiva y exigir que ICE obtenga una orden judicial para ingresar a los hogares a menos que exista consentimiento o circunstancias excepcionales.
Reformas al financiamiento
En lugar de otorgar más fondos al DHS para la aplicación de las leyes de inmigración, el Congreso debería retirar los $170 mil millones que le asignó en julio, además de su presupuesto para 2025, lo que aumentaría sus recursos para realizar operativos fronterizos y de inmigración en el interior del país.
Según el Centro de Política Bipartidista, los fondos que el Congreso asignó pueden ser retirados siempre y cuando se recuperen antes de que expire el financiamiento el 30 de septiembre de 2029. Cuanto más tiempo se espere, más dinero de los contribuyentes habrá gastado ICE y CBP.
Las cantidades son impactantes: casi la mitad de los fondos adicionales de julio se destinaron a ICE, que recibió $75 mil millones, incluyendo $45 mil millones para detener a más inmigrantes. Estos $75 mil millones se suman a los $10 mil millones que ya se habían asignado a ICE en 2025, superando el presupuesto total de las fuerzas militares de Francia.
La ley de financiamiento aprobada en julio también agregó $65 mil millones al presupuesto de $20 mil millones para 2025 de CBP, otorgándole así más del doble del financiamiento combinado de las fuerzas militares de Canadá y México (los dos vecinos más cercanos a los Estados Unidos).
Según las propias cifras del gobierno, ICE y CBP solo han gastado $15 mil millones conjuntamente. Si las extraordinarias sumas asignadas al DHS permanecen en las cuentas del Departamento, esto le dará a la agencia la capacidad de replicar las situaciones que ya hemos visto en Minneapolis y en ciudades y estados de todo el país. Y el Congreso habrá renunciado a su herramienta más poderosa para exigir responsabilidades al DHS.
A pesar de todo, a finales de enero, la Cámara aprobó aún más fondos para las dos agencias que han sido objeto de controversia debido a sus abusos contra ciudadanos y no ciudadanos en todo Estados Unidos: $10 mil millones adicionales para operaciones y apoyo a ICE (la entidad que casi dos tercios de los estadounidenses consideran que ha excedido sus límites) y otros $18 mil millones adicionales para CBP.
Esta propuesta ahora está pendiente en el Senado. En lugar de otorgar otro cheque con el dinero de los contribuyentes a estas agencias, el Congreso debería utilizar su poder constitucional para retirar el financiamiento que otorgó al DHS en julio.
Cuando el DHS necesite fondos adicionales, puede solicitarlos al Congreso, lo que le permitirá financiar a la agencia solo si está actuando dentro de los límites de la ley y la Constitución. Esta es una oportunidad importante para que el Congreso demuestre su poder como una rama del gobierno con autoridad equivalente.
Traducción de Laura Gómez
