Para frenar el aumento de las bajas laborales en la función pública, el gobierno reintrodujo en 2018 un día de carencia para todos los agentes.
La medida consiste en no remunerar el primer día de ausencia en caso de enfermedad común, con el objetivo de reducir el coste del micro-ausentismo, es decir, las ausencias cortas y relativamente frecuentes.
Para medir los efectos, el Centro de Estudios del Empleo y el Trabajo del Cnam analizó los datos de las bajas laborales de 600.000 agentes de la Función Pública Territorial entre 2017 y 2019, justo antes y después de la reintroducción del día de carencia. El estudio fue publicado hace unas semanas.
Reducción de las bajas muy cortas
Los resultados muestran que el número total de días de baja por enfermedad disminuye un 13%. Como era de esperar, el efecto es máximo en las bajas cortas, de 2 y 3 días, que disminuyeron un 15 y un 16% respectivamente. Por el contrario, las bajas de más de 2 semanas apenas se ven afectadas.
En resumen, el día de carencia actúa sobre el micro-ausentismo, pero no sobre las bajas por enfermedad de larga duración. Desde un punto de vista estrictamente presupuestario, la medida generó 86 millones de euros al año, según el Cnam.
Esta economía no tiene en cuenta los efectos indirectos, es decir, el posible traslado a otros tipos de permisos, los futuros impactos en la salud o en la productividad de los agentes.
Los agentes peor pagados, más penalizados
Otro hallazgo es que el día de carencia no afecta a todos los agentes territoriales de la misma manera. Los efectos son más marcados en los agentes jóvenes, que pertenecen a la categoría C y tienen salarios bajos. Para ellos, la pérdida de un día de salario tiene un coste proporcionalmente mayor.
Por el contrario, los agentes de las categorías B y A, más cualificados y mejor pagados, son menos sensibles a esta pérdida financiera. En el terreno, los municipios y las comunidades de municipios que emplean a un gran número de agentes de la categoría C registran las mayores disminuciones de las bajas laborales. Esto es menos frecuente en los consejos regionales y departamentales, que tienen más agentes de las categorías B y A.
La reforma tiene, por tanto, un efecto desigual, según los autores. Otra salvedad es que no busca comprender las causas del aumento de las bajas, que también están relacionadas con las condiciones de trabajo.
