Hace dos semanas, Discord, una aplicación que combina mensajería al estilo WhatsApp, foros de la vieja escuela y chat de voz en tiempo real, anunció que a partir de marzo activará a nivel mundial su nueva configuración “Teen-by-default”, un modo de protección que aplica automáticamente mayores restricciones hasta que el usuario verifique su edad. Aquellos que no lo hagan perderán el acceso a canales y contenidos marcados como +18 y verán limitadas algunas funciones consideradas de mayor riesgo, como la recepción de mensajes de contactos que no están en su agenda. También quedarán excluidos de algunas comunidades, incluso si ya eran miembros.
La controversia no radica tanto en la medida en sí, sino en el método. Discord propone tres vías principales para la identificación: la inferencia por comportamiento mediante inteligencia artificial, que analiza patrones de uso para detectar adultos sin solicitar datos; la verificación por video-selfie, donde el usuario graba un video de su rostro y el sistema estima su edad; y la subida de una foto del DNI o pasaporte, junto con una selfie para confirmar la coincidencia.
Este mecanismo ha generado polémica. En octubre de 2025, un proveedor externo de validación de identidad de Discord fue atacado por hackers, exponiendo los nombres reales, correos electrónicos, información de tarjetas de crédito e imágenes de documentos oficiales –como licencias y pasaportes– de más de 70.000 usuarios. Discord ya había implementado estos procesos de verificación en el Reino Unido desde julio de ese año, obligado por la Online Safety Act, la Ley de Seguridad en Línea, que exige controles efectivos de edad para acceder a plataformas con contenido para adultos.
Este antecedente se convirtió rápidamente en un argumento clave: si ya hubo filtraciones de datos enviados para verificación, ¿qué garantías existen de que no vuelva a ocurrir? La discusión se centra ahora no solo en la protección de menores, sino en el equilibrio entre seguridad, privacidad y la acumulación de datos sensibles en manos de empresas o estados. La estrategia de Discord no es improvisada, sino una respuesta a una tendencia regulatoria global que obliga a las plataformas a gestionar la verificación de edad para evitar que los menores accedan a contenido perjudicial.
La definición de contenido restringido es amplia y vaga, incluyendo no solo páginas con contenido explícito, sino también situaciones curiosas. Material que no es explícitamente para adultos –como listas de Spotify, grupos para dejar de fumar o incluso un discurso parlamentario sobre pornografía infantil– quedó inaccesible para quienes no validaron su mayoría de edad. La Fundación Wikimedia, que gestiona Wikipedia, declaró explícitamente que no verificará la edad ni la identidad de sus usuarios, ya que crearía un riesgo de seguridad enorme, especialmente para aquellos que viven en países con fuerte vigilancia estatal.
Inspirados por el Reino Unido, varios países han anunciado planes para restringir el acceso de niños y adolescentes no solo a sitios con contenido para adultos, sino directamente a las redes sociales. El motivo, según se afirma, es proteger a los menores de contenidos nocivos como pornografía, bullying, grooming y discursos de odio. Bajo este paraguas, también se incluye material que promueve trastornos alimenticios, autolesiones, suicidio o el scroll infinito.
Australia implementó estas restricciones a finales del año pasado, prohibiendo a menores de 16 años el uso de Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick y Twitch. En los primeros días, se desactivaron o bloquearon más de 4,7 millones de cuentas sospechosas de pertenecer a menores. La ley australiana responsabiliza a las plataformas tecnológicas, que pueden enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de USD) si no demuestran que están tomando “medidas razonables” para impedir el acceso de los jóvenes.
El modelo australiano ha impulsado proyectos similares en Europa y el sudeste asiático. Malasia anunció planes para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años antes de fin de 2026, mientras que Dinamarca cuenta con apoyo político para una prohibición a menores de 15 años a mediados de este año, respaldada por una aplicación gubernamental para verificar la edad.
Francia, Grecia y Eslovenia siguen caminos similares, buscando fijar el límite de acceso en los 16 años. Irlanda confirmó esta semana que presentará una ley para prohibir directamente el uso de redes sociales a menores de esa edad. En Alemania y el Reino Unido, las coaliciones de gobierno muestran dudas sobre una prohibición total, y el debate se centra en cómo intervenir sin vulnerar derechos civiles, incluso considerando la eliminación de funciones adictivas como el scroll infinito.
España se sumó con una propuesta más radical, buscando no solo prohibir el uso de redes a menores de 16 años, sino también responsabilizar personalmente a los directivos de las empresas tecnológicas por los discursos de odio que circulen en sus plataformas.
Creer que estas políticas tendrán un impacto positivo en la salud mental y el desarrollo cognitivo de los jóvenes es prematuro. El problema es que internet no funciona como un espacio cerrado, sino que cuando se cierra una puerta, se abre otra. La experiencia en distintos países muestra que las restricciones estrictas no eliminan el comportamiento, sino que lo desplazan.
Esto sucedió con Discord tras anunciar la verificación global de identidad. TeamSpeak, una plataforma de comunicación por voz que muchos daban por muerta, experimentó un aumento de usuarios que llevó su capacidad de alojamiento al 100% el 14 de febrero. Abrieron nuevos centros de datos en Frankfurt y Toronto para absorber a los “refugiados” de Discord. El atractivo de TeamSpeak radica en su modelo descentralizado, donde no es necesario crear una cuenta para unirse a un chat de voz, convirtiéndolo en el antídoto perfecto para quienes huyen del escaneo facial.
En Australia, mientras las plataformas bloqueaban cuentas de menores, surgieron migraciones a servicios menos conocidos, aplicaciones de mensajería cifrada o plataformas en jurisdicciones con controles más laxos. Lo mismo ocurrió en el Reino Unido tras la entrada en vigor de la Online Safety Act, donde parte del tráfico adolescente se movió a espacios más difíciles de monitorear. En ambos casos, se reportó un aumento en la descarga de aplicaciones de VPN por jóvenes que buscan simular conexiones desde otros países para mantener sus cuentas activas.
Como era de esperar, la política respondió tensando la cuerda. El primer ministro británico Keir Starmer anunció que su gobierno planea restringir el uso de VPNs para menores, cerrando lo que él llama “el último gran agujero legal” de la protección infantil en internet. Esta ofensiva plantea un debate ético y técnico: las VPNs son herramientas de ciberseguridad para cifrar datos y proteger las comunicaciones en redes públicas. Obligar a los proveedores a implementar sistemas de identificación elimina el anonimato, fundamental para la privacidad y la libertad de expresión.
Detrás de la retórica de la protección infantil se consolida una realidad menos visible: la construcción de sistemas de identificación obligatoria para acceder a internet. En la práctica, verificar la edad equivale a comprobar la identidad, lo que implica entregar datos biométricos o documentación personal, y convierte la navegación anónima en una excepción. Pese a las incomodidades, el anonimato ha sido un pilar de la privacidad, la seguridad y la libertad de expresión en la red, tanto para periodistas y activistas como para cualquier ciudadano que prefiera participar en espacios online sin temor a juicios o persecuciones.
Lo llamativo es que estas políticas no surgieron de regímenes autoritarios, sino de países que durante décadas defendieron la apertura y la libertad en internet. Porque, en el fondo, el anonimato no es un permiso para el mal, sino un escudo contra la tiranía de la mayoría, contra la vigilancia estatal y corporativa, y contra las represalias que silencian opiniones incómodas.
Cuando cerramos esa puerta en nombre de la seguridad de los niños, no solo desplazamos a los adolescentes a rincones más oscuros, sino que debilitamos el corazón de una internet abierta, donde la libre expresión no pide permiso ni identificación. Como resumió Edward Snowden, “decir que no te importa la privacidad porque no tenés nada que ocultar, es lo mismo que decir que no te importa la libertad de expresión porque no tenés nada que decir”.
