EE. UU. Avanza en la regulación de stablecoins bajo el marco de la Ley GENIUS
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM) destinado a la implementación de la Ley de Guía y Establecimiento de la Innovación Nacional para Stablecoins de EE. UU. (Ley GENIUS, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa representa la primera regulación propuesta por el Tesoro para poner en marcha dicho marco legal.
Uno de los puntos centrales de la Ley GENIUS es la flexibilidad regulatoria para ciertos emisores. Aquellos emisores de stablecoins de pago que mantengan una emisión total consolidada no superior a los 10,000 millones de dólares podrán optar por regirse bajo un esquema regulatorio a nivel estatal, siempre que dicho régimen sea “sustancialmente similar” al marco regulatorio federal. En este sentido, el Tesoro busca establecer principios generales que permitan determinar si la normativa estatal cumple con los estándares federales.
La propuesta regulatoria también pone un enfoque crítico en la seguridad financiera. Las nuevas reglas apuntan a combatir el lavado de dinero y el incumplimiento de sanciones, proponiendo requisitos para que las empresas emisoras de stablecoins cuenten con la capacidad de supervisar y detectar transacciones fraudulentas. Estas medidas forman parte de una estrategia coordinada entre agencias federales que tiene como objetivo alcanzar el cumplimiento normativo para enero de 2027.
El impacto en el sector bancario ya es visible, con instituciones financieras de Estados Unidos abriendo sus balances a las stablecoins en el marco de la Ley GENIUS. No obstante, a pesar de esta apertura, persisten preocupaciones dentro del sector bancario en relación con los rendimientos de estas monedas estables. Por su parte, la FDIC también ha confirmado que sigue adelante con la aplicación de las normas derivadas de esta ley.
Este proceso de reglamentación es la continuación de un aviso previo emitido por el Tesoro en septiembre pasado. Actualmente, el organismo ha abierto un periodo de 60 días para que las partes interesadas y el público en general presenten sus comentarios a través del portal www.regulations.gov.
