La administración del presidente Donald Trump planea revocar una norma clave establecida en 2009 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que declara que los gases de efecto invernadero representan un peligro para la salud pública. Este retroceso, que probablemente enfrentará desafíos legales, supone un golpe significativo a la acción climática de Estados Unidos, el principal emisor histórico de gases que contribuyen al calentamiento global.
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, calificó la medida como “el mayor acto de desregulación en la historia estadounidense”, asegurando que permitirá a los ciudadanos ahorrar dinero. El anuncio oficial será realizado el jueves por el presidente junto con Lee Zeldin, director de la EPA.
La norma, conocida como “constatación de peligro” (“Endangerment finding”), fue adoptada bajo la presidencia de Barack Obama y establece que seis gases de efecto invernadero son perjudiciales para la salud y, por lo tanto, entran dentro del ámbito de los contaminantes regulados por la agencia federal. Esta decisión sentó las bases legales para numerosas regulaciones federales destinadas a limitar las emisiones de estos gases, incluyendo las provenientes de camiones y automóviles.
Al revocar esta norma, el gobierno de Trump eliminará la base legal sobre la que se sustentan estas regulaciones, facilitando su abolición. Se espera que el anuncio del jueves se acompañe de la eliminación de los estándares de emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos.
Indignación en la comunidad científica
Donald Trump, conocido por su apoyo a la industria del petróleo y el carbón, ha revertido significativamente las políticas climáticas desde su llegada al poder, implementando medidas favorables a las energías fósiles y desmantelando numerosas normas ambientales.
La intención de revocar la norma de 2009, anunciada en julio, provocó la indignación de numerosos científicos, quienes la denunciaron como una decisión contraria a la evidencia científica y al interés público. Más de 1.000 científicos y expertos recordaron en una carta pública que las pruebas científicas sobre el cambio climático causado por el hombre y sus consecuencias eran inequívocas en 2009 y, desde entonces, se han vuelto aún más alarmantes y convincentes.
Las organizaciones medioambientales también han expresado su fuerte oposición. Dan Becker, del Center for biological diversity, acusó recientemente a Trump de conducir al país a un callejón sin salida marcado por el petróleo sucio y la contaminación del aire.
Batalla legal en el horizonte
Este retroceso se produce en un contexto en el que el año 2025 ha sido confirmado por los climatólogos como el tercer año más cálido jamás registrado en la Tierra, y los efectos del cambio climático se hacen sentir en Estados Unidos y en todo el mundo. A pesar de estas evidencias, la lucha contra los gases de efecto invernadero ha perdido impulso en los países desarrollados debido a la falta de inversiones suficientes en tecnologías bajas en carbono.
La abolición de la norma será sin duda impugnada ante los tribunales, y el caso podría llegar hasta la Corte Suprema. Aunque esta última, de mayoría conservadora, ha demostrado en los últimos años estar abierta a cambios en la jurisprudencia, los demandantes argumentarán que la norma de la EPA se basa en una decisión de la propia Corte Suprema de 2007.
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