El gobierno de Estados Unidos ha presentado un nuevo documento ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, respaldando la solicitud de Argentina de suspender la fase de descubrimiento posterior al juicio en el caso de la expropiación de YPF. La Oficina del Procurador del Tesoro argentino informó que el documento apoya la moción de urgencia presentada el 6 de marzo, que busca pausar la producción de documentos, una solicitud de sanciones y una audiencia probatoria programada para abril.
Según el gobierno argentino, el Departamento de Justicia argumentó que las demandas de los demandantes son “excesivamente intrusivas” y plantean preocupaciones relacionadas con la cortesía internacional, la reciprocidad y la política exterior. La postura de Washington es que, cuando la litigación se dirige contra un Estado soberano, los tribunales deben ponderar no solo la relevancia procesal de las solicitudes de descubrimiento, sino también sus posibles consecuencias diplomáticas y el trato recíproco que Estados Unidos podría enfrentar en el extranjero.
La cuestión más sensible en este momento se centra en el alcance del descubrimiento solicitado por los demandantes. Argentina ha impugnado las solicitudes de comunicaciones que involucren a altos funcionarios y de información sobre activos soberanos, incluidas las reservas de oro del banco central, argumentando que tales demandas van más allá de los límites razonables de ejecución contra un Estado extranjero. La moción del país busca congelar esa fase mientras la apelación principal y las disputas relacionadas con la ejecución permanezcan pendientes.
Esta no es la primera vez que Washington interviene a favour de Buenos Aires en este caso. A finales de febrero, el Departamento de Justicia ya había presentado otro escrito oponiéndose a las solicitudes de desacato y cuestionando la amplitud del descubrimiento, lo que indica una continuidad institucional más allá del aspecto estrictamente comercial de la disputa. Bloomberg Law informó entonces que Estados Unidos advirtió que las medidas agresivas de ejecución contra Argentina podrían afectar sus propios intereses soberanos en litigios futuros.
El trasfondo sigue siendo el fallo de 16.100 millones de dólares emitido en 2023 por la jueza Loretta Preska por la nacionalización de YPF en 2012. Argentina apeló ese fallo, así como otras órdenes relacionadas con la posible transferencia de su participación de control en la compañía petrolera. Reuters informó en octubre que el Segundo Circuito está revisando tanto el fallo principal como las órdenes de ejecución relacionadas en lo que se ha convertido en uno de los casos de litigio soberano más importantes que enfrenta la administración de Javier Milei.
