El Ministerio de Justicia del Reino Unido otorga indultos por condenas pasadas por aborto

El Ministerio de Justicia del Reino Unido otorgó el indulto automático a todas las mujeres condenadas o amonestadas por delitos relacionados con la interrupción de sus propios embarazos durante los últimos 150 años, y dispuso la eliminación de los registros policiales y judiciales de quienes fueron arrestadas o investigadas por las mismas causas.

La medida, que entró en vigor el 16 de noviembre de 2026, marca un hito en la legislación británica tras la histórica votación parlamentaria de 2025 para despenalizar el aborto.

La ley elimina solicitudes individuales

La implementación de estos indultos se articula a través de la sección 242 de la Ley de Delitos y Policía de 2026, la cual introdujo la sección 165B en la Ley de Policía y Delincuencia de 2017. Este mecanismo elimina la necesidad de que las personas afectadas presenten una solicitud individual para obtener el perdón.

El Ministerio de Justicia ha instruido a las fuerzas policiales y al Servicio de Tribunales y Cortes de Su Majestad para que identifiquen y actualicen los registros pertinentes, con el objetivo de eliminar o, en casos donde la separación de datos no sea técnicamente viable, anotar los expedientes para que sean tratados como inexistentes.

El Ministerio de Justicia del Reino Unido otorga indultos por condenas pasadas por aborto
Foto: CBS News

Esta reforma aborda el legado de normativas victorianas como la Ley de Delitos contra la Persona de 1861 y la Ley de Preservación de la Vida Infantil de 1929.

Mientras que la sección 242 se ocupa de los antecedentes históricos, la sección 241 de la misma ley de 2026 estableció que, en lo sucesivo, no se comete delito alguno cuando una mujer actúa en relación con su propio embarazo. Estas disposiciones no derogan la Ley del Aborto de 1967, la cual sigue regulando el acceso a los servicios de aborto legal bajo la supervisión de profesionales sanitarios.

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Reacciones políticas y de activistas

La medida ha sido recibida con alivio por diversas organizaciones. Heidi Stewart, directora ejecutiva del Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS), declaró que, aunque ningún indulto puede deshacer el trauma y la angustia vividos, el cambio legal reconoce el daño profundo causado por la criminalización.

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Por su parte, la ministra de Víctimas y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Alex Davies-Jones, subrayó que llevar a cabo estos indultos fue una prioridad gubernamental que refleja la voluntad expresada por el Parlamento.

La diputada laborista Tonia Antoniazzi, quien promovió la enmienda de despenalización, estima que más de 100 mujeres fueron investigadas en los cinco años previos a la votación de 2025.

Antoniazzi describió ante la prensa cómo mujeres sospechosas de abortar fueron “arrastradas desde camas de hospital hasta celdas policiales” y sometidas a interrogatorios en momentos de crisis médica, como abortos espontáneos o mortinatos, en lugar de recibir atención.

El Ministerio de Justicia del Reino Unido otorga indultos por condenas pasadas por aborto
Foto: The Independent

Casos emblemáticos y el impacto social

El historial de criminalización incluye casos que suscitaron protestas públicas, como el de Carla Foster, quien fue encarcelada en 2023 por obtener pastillas abortivas fuera del marco legal, una sentencia posteriormente reducida por el Tribunal de Apelación.

Asimismo, el caso de Nicola Packer, procesada tras utilizar medicación abortiva durante el confinamiento por COVID-19 en 2020, ha sido citado por activistas como Helle Tumbridge para ilustrar el trauma persistente que sufren las mujeres criminalizadas. Packer, según Tumbridge, ha solicitado una disculpa oficial tanto del gobierno como de la policía y el Servicio de Fiscalía de la Corona.

El impacto de estos antecedentes penales ha sido significativo, impidiendo a muchas mujeres acceder a ciertos empleos o viajar a determinadas jurisdicciones. Organizaciones como el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogas (RCOG), liderado por la doctora Alison Wright, han respaldado la reforma, señalando que las leyes previas eran dañinas y estigmatizantes.

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Foto: News-Press NOW

Voces en contra y precisiones técnicas

No todos los sectores han apoyado la medida. La Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos (SPUC) se opuso firmemente a la despenalización. Alithea Williams, portavoz de la SPUC, calificó los indultos como un acto de “virtud performativa” y un intento de imponer una ideología contraria al respeto por la vida humana. El grupo organizó movilizaciones contra la reforma en marzo de 2026.

El Ministerio de Justicia ha establecido un equipo de trabajo para asistir a las mujeres que deseen verificar el estado de sus registros. Según las directrices publicadas, los datos biométricos, como huellas dactilares y fotografías, serán objeto de una evaluación independiente para determinar si existe una base legal para su retención.

El gobierno ha aclarado que, aunque los registros judiciales son de carácter público y no pueden ser borrados en su totalidad, las anotaciones asegurarán que estas condenas no aparezcan en los certificados de antecedentes penales utilizados por el Servicio de Revelación y Prohibición (DBS).

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