Ieva Taranda, directora del Gimnasio Estatal de Jūrmala y diputada del Consejo de Jūrmala por el Partido Verde de Letonia, ha roto el silencio en una emotiva publicación de Facebook para denunciar la violencia sexual sufrida por su hijo en 2014. En su mensaje, Taranda insta a la sociedad a llamar a las cosas por su nombre, explicando que su hijo tenía siete años en el momento de la agresión, cometida por el sacerdote Krišjānis Dambergs. La madre manifestó que su familia ha decidido dejar de esconderse por miedo o presión social para iniciar un proceso de sanación basado en la verdad.
Por su parte, la Iglesia Católica en Letonia ha expresado que no considera a Krišjānis Dambergs culpable de actos criminales. El arzobispo metropolitano de Riga, Zbigņevs Stankevičs, informó que la investigación interna de la Iglesia no confirmó que el sacerdote hubiera utilizado sexualmente a un menor.
Stankevičs detalló que se llevaron a cabo indagaciones en dos instancias: una canónica solicitada al superior de la provincia de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, a la cual pertenece Dambergs, y otra dentro de la Archidiócesis, donde se entrevistó a miembros de las estructuras donde el sacerdote había trabajado. Según el arzobispo, ninguna de estas investigaciones encontró indicios de tales acciones, y el propio Dambergs niega su culpabilidad.
No obstante, la situación legal difiere de los resultados eclesiásticos. Aunque en la primera instancia judicial Dambergs fue declarado culpable de abuso sexual infantil, la familia de la víctima ha señalado que, tras varios meses, aún no han recibido la sentencia judicial completa. Ante este escenario, el arzobispo Stankevičs ha comentado sobre la complejidad del escándalo, subrayando que cualquier abuso sexual es un crimen injustificable e incompatible con el ministerio sacerdotal, asegurando que la Iglesia colabora plenamente con las autoridades para garantizar una investigación justa.
Este caso ha reabierto el debate sobre la protección de las víctimas y la importancia de fomentar espacios seguros para que los afectados se atrevan a denunciar sin temor a ser desacreditados, un tema analizado recientemente por Kristians Rozenvalds.
