Una reciente desinformación viral, compartida más de 12.000 veces, acusaba al gobierno español de haber “ofrecido” 247 millones de euros a Marruecos para modernizar su red ferroviaria, supuestamente en detrimento de la seguridad española. Sin embargo, esta acusación se basa en una confusión fundamental entre una donación diplomática y un mecanismo de financiación.
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En realidad, los 247 millones de euros no constituyen una ayuda financiera, sino un crédito reembolsable gestionado a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), creado en 2010. Este instrumento permite a España financiar proyectos en el extranjero, siempre y cuando beneficien directamente a empresas españolas. En este caso, 190 millones de euros se destinaron a la filial española de Alstom para la fabricación y suministro de las unidades de rodadura de las futuras líneas de tranvía de Casablanca.
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Por lo tanto, no se trata de un cheque en blanco. El Ministerio marroquí de Economía y Finanzas actúa como prestatario y deberá reembolsar la totalidad de la suma al Estado español. Madrid evalúa sistemáticamente las garantías de reembolso antes de conceder este tipo de préstamos. Este mecanismo de financiación es habitual y ya ha sido utilizado por países como El Salvador y Uzbekistán, e incluso por Marruecos en 2017 para una planta desalinizadora en Al Hoceima, mucho antes de la llegada al poder de Pedro Sánchez.
La difusión de esta información errónea busca contraponer la seguridad ferroviaria española a la cooperación económica con Marruecos. No obstante, la investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en fallos técnicos locales, sin relación alguna con estos acuerdos comerciales. Lejos de ser un “regalo” diplomático, estos fondos sirven principalmente para apoyar a la industria española en el mercado marroquí, garantizando al mismo tiempo un retorno financiero para España.
