Grandes proveedores de infraestructura de telecomunicaciones, como Telekom, han presionado durante mucho tiempo para poder cobrar tarifas por el uso de sus redes. Esto implicaría cobrar a gigantes de Internet como Netflix, YouTube y otros, ya que sus datos representan una parte significativa del tráfico de datos. Los operadores de red argumentan que la instalación de antenas 5G y otras infraestructuras genera costos inmensos, en los que los beneficiarios aún no participan.
¿Qué pretende cambiar la Comisión Europea?
La Comisión Europea planea, con la ley sobre redes digitales, una reorientación del mercado de interconexión, pero rechaza las tarifas obligatorias exigidas por los operadores de red. Ya se había comprometido, en el ahora probablemente congelado acuerdo comercial con Estados Unidos (Artículo 17), a no imponer tales tarifas.
Sin embargo, según la propuesta, quiere introducir un mecanismo de mediación en caso de que las negociaciones entre operadores de red, proveedores de la nube y proveedores de contenido no lleguen a una solución. Los críticos temen que las autoridades puedan conceder tarifas a los operadores de red en el proceso de mediación, debido a su posición en el mercado, y así establecerlas en el mercado de Internet.
¿Podrían los servicios de streaming y similares volverse más caros?
Así lo temen los defensores del consumidor. El Verband der Verbraucherzentralen (VZBV) ya había declarado que un mecanismo de mediación de este tipo no sería necesario. Según Nikola Schiefke, defensora del consumidor, el mecanismo crearía más problemas que soluciones en un mercado que hasta ahora funciona. El VZBV teme que esto pueda generar costos que, en última instancia, se traduzcan en precios más altos para los usuarios.
¿Qué dice la industria?
La asociación digital alemana Bitkom evaluó inicialmente el enfoque de Bruselas de forma positiva. Su presidente, Ralf Wintergerst, elogió que la Comisión Europea quisiera crear un verdadero mercado único europeo para las telecomunicaciones. «Sin embargo, deseamos una reducción más significativa de la burocracia y requisitos de información más simplificados para fomentar una mayor inversión y acelerar eficazmente la expansión de la red», añadió Wintergerst.
Los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo tienen ahora voz y voto. Ambos deberán examinar la normativa antes de que pueda entrar en vigor y podrán presentar propuestas de modificación. No está claro en qué se pondrán de acuerdo las instituciones. (dpa/kk)
