Un juez federal de Estados Unidos ha impuesto límites preliminares al gobierno en el caso de la búsqueda en el domicilio de Hannah Natanson, periodista del Washington Post. Según la propia publicación, los agentes federales no podrán, por el momento, analizar los dispositivos electrónicos incautados durante el registro.
El juez ordenó mantener el statu quo hasta que el tribunal examine a fondo el caso. Si bien el gobierno puede conservar los dispositivos incautados, se le impide acceder a los datos almacenados en ellos. Además, el Washington Post informó que se ha establecido un plazo para que el gobierno presente sus argumentos hasta el 28 de enero, y se ha programado una audiencia para principios de febrero.
Un precedente para la libertad de prensa en EE.UU.
A mediados de enero, agentes del FBI registraron el domicilio de Natanson y confiscaron, entre otros artículos, un teléfono móvil, dos computadoras portátiles, una grabadora de audio, un disco duro externo y un reloj inteligente. La operación está relacionada con una investigación sobre un contratista del gobierno del estado de Maryland, sospechoso de llevarse y divulgar informes de inteligencia de forma no autorizada.
La decisión del juez se produjo pocas horas después de que el Washington Post presentara una impugnación legal contra el registro. En su solicitud, el periódico exigió la devolución inmediata de los dispositivos y la prohibición de su uso, argumentando que la acción violaba la libertad de prensa garantizada por la Constitución de EE.UU. y desconocía las protecciones legales especiales que amparan a los periodistas frente a la coerción estatal.
De acuerdo con el Washington Post, los dispositivos incautados contienen años de material de trabajo periodístico, incluyendo contactos con fuentes confidenciales e investigaciones no publicadas. El periódico afirma que casi ninguna de la información almacenada está relacionada con la orden de registro, y que la confiscación tiene un efecto disuasorio sobre las fuentes y paraliza el trabajo de la reportera.
Expertos en derecho mediático y organizaciones de defensa de la libertad de prensa han señalado en medios estadounidenses que este es el primer caso conocido de una búsqueda en el domicilio de una periodista en EE.UU. en el marco de una investigación de seguridad nacional.
El gobierno estadounidense no ha emitido una declaración inicial sobre la orden judicial. Tras conocerse el registro, el Departamento de Justicia defendió la acción alegando razones de seguridad nacional y enfatizando que la investigación no está dirigida contra la periodista.
