El partido gobernante de Georgia propone nuevas modificaciones a la Ley de Subvenciones
El partido Sueño Georgiano (Georgian Dream), fuerza gobernante de Georgia, ha redactado nuevas enmiendas a la controvertida Ley de Subvenciones con el objetivo de ajustar la definición de lo que constituye una subvención extranjera.
Según las nuevas propuestas, los fondos desembolsados por misiones diplomáticas acreditadas en Georgia, oficinas consulares o representaciones de organizaciones internacionales que se utilicen para actividades derivadas de los intereses políticos o públicos, enfoques o relaciones de un gobierno o partido político extranjero, no serán considerados subvenciones que requieran la aprobación previa del gobierno. El partido gobernante ha justificado estas modificaciones como una medida necesaria para asegurar una “interpretación uniforme” de la legislación.
No obstante, diversos críticos y abogados sostienen que la esencia represiva de la ley permanece inalterada. Algunos analistas sugieren que las enmiendas podrían referirse a servicios comerciales contratados por misiones diplomáticas y advierten sobre la ambigüedad en la redacción de estas leyes restrictivas, prediciendo que podrían ser necesarias más revisiones en el futuro.
Estas modificaciones surgen tras la adopción de un paquete restrictivo el pasado 4 de marzo, el cual amplió drásticamente la definición de “subvención extranjera”. Dicha expansión incluye ahora la asistencia técnica, el apoyo gratuito y las transferencias de organizaciones extranjeras a sus sucursales locales en Georgia, extendiendo además el alcance a organizaciones basadas en el extranjero que trabajen en temas relacionados con el país.
Denis Krivosheev, director adjunto de Amnesty International para Europa Oriental y Asia Central, ha calificado estos cambios como “altamente perjudiciales”, afirmando que significan una expansión de las prácticas autoritarias para silenciar y criminalizar la disidencia. Según Krivosheev, la ley busca criminalizar prácticamente cualquier actividad de la sociedad civil independiente, la oposición política y la participación ciudadana que se desarrolle fuera del control gubernamental.
Bajo el marco legal propuesto, no se permitirán subvenciones sin la aprobación expresa y previa del gobierno. El incumplimiento de esta normativa conlleva responsabilidades penales, con penas que pueden alcanzar hasta los seis años de prisión.
